El magistrado, que coordina la investigación de la operación Frontino en la que se encuentra en el epicentro la empresa pública Acuamed, apunta en su auto de apertura de diligencias a altos cargos dentro del Ministerio de Agricultura. El caso toma un giro inesperado cuando se daba por hecho que el cerebro de la trama era el director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo. Velasco apunta mucho más alto, a "cargos de muy alto nivel en el Ministerio de Agricultura". El juez detalla cómo funcionaba el fraude en seis contratos públicos establecidos por la empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura, con varias constructoras en la desaladora de bajo Almanzora en Almería; descontaminación física del pantano de Flix; presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; cerro colorado de Murcia y presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia.
En concreto, explica que la desaladora de Almanzora adjudicada a una UTE de FCC y Abengoa quedó inutilizada por una inundación. Mateo maniobró para que las aseguradoras de las dos compañías no cubrieran los daños y lo hiciera en una parte la propia Acuamed "en perjuicio de la Administración Pública" y la otra las propias compañías, para ser compensada posteriormente FCC con "otras obras" públicas, al parecer ya pactadas "desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la descontaminación del pantano de Flix". El objetivo era compensar a la constructora con 40 millones de euros.
El juez indica que gracias a la oposición de varios funcionarios finalmente no se ejecuta la obra de la desaladora de Almanzora, por lo que la UTE no puede liquidar los dos millones del contrato de ejecución. Pero a la compañía le corresponden 10 millones de indemnización. El juez dice que en los Presupuestos Generales de 2015 el Gobierno introdujo la compensación de 10 millones, que califica de "compensación indebida" y que "fue pactada por la cúpula de FCC y cargos altos del Ministerio".
Para compensar con 40 millones a FCC no había otra manera que contar con el beneplácito del Ministerio de Agricultura. Velasco indica que la compensación no se inició al conocerse la denuncia del caso en la Fiscalía, "lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones en los Presupuestos de 2015, manteniéndolos solo que reducidos a los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones.
Según el juez la compensación se intentó instrumentalizar a través de la adjudicación de la descontaminación del pantano Flix con una "reclamación ilegal" de 30 millones. Los directivos de Acuamed apoyaron un incremento del contrato de 3,5 millones a 40 millones "con conceptos extraordinarios que no existían". El juez es tajante en afirmar que se intentaba justificar la compensación a FCC.
DIRIGENTES se ha puesto en contacto tanto con el Ministerio de Agricultura como con FCC para aclarar los hechos, pero todavía no ha obtenido respuesta.
Eloy Velasco ha decretado prisión incondicional para cuatro ex responsables de Acuamed: el director general, el mencionado supuesto cerebro Arcadio Mateo; la directora de Ingeniería y Construcción de la compañía, María Gabriela Mañueco, y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman, una de las compañías implicadas en la trama además de FCC.
Para los responsables de las constructoras que resultaron adjudicatarias de los contratos bajo sospecha, el juez ha acordado fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros. Entre los dirigentes se encuentra el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y otros dos directivos de la compañía, Santiago Farré y Miguel Roset. También el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini; el director de proyectos de Altyum, José Ramón González, y el presidente de Pipeline, Manuel Moreno Maestre.
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