A la espera de una sanción que puede alcanzar los 162.000 euros diarios por parte de las autoridades europeas, BPI ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Mobiliarios en el que explica que, "Santoro Finanzas y CaixaBank le informaron, el 10 de abril, que terminaron con éxito las negociaciones con el fin de "encontrar una solución al incumplimiento por parte de Banco BPI de sus grandes riesgos ".
El supuesto acuerdo se producía ‘in extremis’, justo el día en que acababa el plazo para que BPI se deshiciera de sus activos en Angola antes de entrar en vigor la normativa europea que requiere provisionarlos.
BPI insiste, ademas, en que ha sido Santoro Finanzas, la sociedad de inversión de Isabel Dos Santos, la que faltó el respeto a lo acordado. El banco portugués, cuya suspensión de cotización fue levantada este martes tras seis días, necesita que haya un acuerdo entre Dos Santos, que tiene un 18,6 % de su capital, y CaixaBank, con el 44,1 %, para que pueda cumplir con la reducción de su exposición a Angola, donde tiene la filial Banco de Fomento de Angola (BFA).
Al no confirmarse el acuerdo entre ambos accionistas consistente en un intercambio de participaciones para que la angoleña se quedase con el control del BFA a cambio de salir del accionariado del BPI, Caixabank ha decidido desbloquear la situación con el lanzamiento de una opa.
Una decisión que no ha sentado especialmente bien a Isabel Dos Santos que, en un comunicado, insiste en que, "el acuerdo entre Santoro y CaixaBank nunca fue finalizado. Y porque nunca se finalizó, es falso que haya habido ningún incumplimiento del acuerdo por parte de Santoro".
Según explica, "uno de los puntos críticos de este acuerdo, al que se oponía Caixabank, se refiere al ‘spin off’ de BFA que implicaría necesariamente la admisión a cotización de BFA en el Euronext de Lisboa o en otra bolsa para que todos los accionistas, incluidos los minoritarios de BPI recibieran acciones de BFA. Este punto fue calificado como innegociable por parte de Santoro".
Además, Do Santos ha atacado tanto al gobierno portugués, como a Caixabank. La empresaria critica la decisión del gobierno luso de aprobar un decreto-ley que permitirá a los accionistas de las entidades financieras revisar periódicamente los límites de votos.
"A pesar de la constructiva implicación del Gobierno en una fase del proceso, se ha tomado una medida históricamente sin precedentes (…) que favorece a una de las partes", asegura Dos Santos.
Se trata de una medida que exigía Caixabank para poder lanzar la opa ya que en BPI los votos de los grandes accionistas tienen el mismo valor independientemente de la participación. La entidad catalana podría plantear en su próxima Junta de Accionistas una ampliación de capital para no reducir su ratio de solvencia, actualmente en el 11,55%.
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