La corrupción tiene un precio, y además monetario. El FMI calcula que la corrupción supone un coste de entre 1,5 billones y 2 billones de dólares al año para la economía mundial.
Para el organismo dirigido por Christine Lagarde la corrupción no es sólo cosa de países en vías en desarrollo, afecta también como una plaga a las economías desarrolladas obstaculizando el crecimiento económico. El informe, publicado en mayo de este año, admite que es difícil cuantificar su impacto, pero la sitúa entre los 1,5 billones y 2 billones de dólares al año y advierte que los costes podrían ser mayores.
El fondo señala que daña la capacidad del Estado para aumentar los ingresos y llevar a cabo sus funciones básicas. Además de inflar los costos en el proceso de contratación pública socavando la cantidad y la calidad del gasto público. Ambos factores terminan dañando el crecimiento de un país.
En el informe se destaca que en 2013 en España, junto a otros países europeos, se elevaron los costes de los proyectos públicos un 13% por culpa de comisiones ilegales y sobrecostes.
En base a estos datos del Fondo Monetario Internacional, si tenemos en cuenta que en España políticos, empresarios, sindicalistas, infantas y funcionarios, es decir, que todos los estratos del Estado están marcados por la lacra de la corrupción, es imposible pensar que todo ello no tenga un coste económico para el país.
Puesto en cifras, los números son mareantes. Los casos de corrupción superan los 1.600. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2013 se juzgaron un total de 798 y en estos momentos hay más de 2.100 abiertos de los cuales 1.661 corresponden a causas que afectan a tipos penales vinculados con la corrupción contra los bienes públicos. Más de 300 son calificados por la institución como macro procesos, por el volumen de implicados en los mismos y por la especial complejidad de los hechos investigados. Estos son los más conocidos por la opinión pública al aparecer en los medios de comunicación, pero la mayoría son de corporaciones locales. De una manera u otra, los partidos políticos son señalados como los principales responsables. Da igual su color, allí donde ha ostentado un gramo de poder el político de turno ha actuado en beneficio propio.
La corrupción es difícil de cuantificar y valorar, siempre fuerza los límites entre la ilegalidad y lo éticamente reprobable. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Las Palmas estima que la corrupción supone 40.000 millones anuales a los españoles. El equivalente al 25% del PIB o al rescate financiero que pidió el Gobierno para salvar al sistema financiero. El trabajo incide en que las mediciones del problema hasta se centran únicamente en el impacto directo procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente. Hablan de cifras millonarias. En el caso de los ERES en Andalucía se desviaron al menos 140 millones de un fondo público de 1.200 millones, según la investigación. En la Comunidad Valencia, el periodista Sergi Castillo calcula en su libro Tierra de saqueo ha supuesto 1.200 millones, una región que ha sido nido de la Gürtel, del caso Brugal y el caso Nóos. Solo en la visita del Papa Benedicto XVI, Francisco Correa y sus socios, se levantaron 3 millones de euros por organizar el evento. El Palma Arena, monumento al despilfarro de otra época, duplicó el coste de la obra hasta los 110 millones, mientras el ex presidente de Baleares, Jaume Matas engordaba exponencialmente su patrimonio.
La corrupción no solo tiene un coste monetario
La corrupción también indigna y provoca vergüenza ajena a los españoles, algo que se nota también fuera del país. En un informe de marzo, la Secretaría de Estado de EEUU clasifica a España como uno de los 64 países del mundo, incluido paraísos fiscales, de destino de blanqueos de capitales. El documento explica que el país es la puerta de Europa del narcotráfico y que han utilizado la expansión del mercado inmobiliario para lavar dinero negro.
Por su parte, la Comisión Europea tampoco tiene piedad. Por primera vez, Bruselas analizaba la corrupción dentro de las fronteras europeas por primera vez el año pasado y cifraba en 120.000 millones el coste a los países miembros. No ofreció cálculos por países, pero sí estableció un ranking en el que España se situaba entre los países con mayor corrupción junto a Rumanía, Grecia y Croacia.
La imagen de corruptos que España ha estado exportando en los últimos años se está convirtiendo en una lacra para el país a nivel de prestigio internacional. La imagen del país se ve tremendamente afectada por las opiniones que generan las declaraciones y diferentes reacciones antes los estudios que sitúan a España como uno de los países más corruptos del continente.
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