En vísperas de cumplir un tercio del mandato para el que fue elegido, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, enfrenta una fuerte presión de la sociedad civil por dos motivos principales: el destino incierto de 43 estudiantes, presuntamente masacrados e incinerados por sicarios, y la revelación de que su esposa colocara una lujosa residencia de su propiedad a nombre de un empresario que ganó diversas licitaciones oficiales.
Organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones estudiantiles han convocado a una manifestación nacional, el primero de diciembre, para pedir la renuncia del mandatario. En esa fecha se cumplen los primeros dos años de un programa de profundas reformas que Peña Nieto puso en marcha tras asumir el cargo al frente del país. También hay marchas previstas para el 6 de diciembre.
Estudiantes
El 26 de septiembre, un grupo de 43 estudiantes de entre 18 y 21 años de edad, provenientes de la ciudad de Ayotzinapa, desapareció en la localidad de Iguala, estado de Guerrero. Habían viajado hasta allí con el propósito de recaudar fondos para su institución, una escuela rural donde estudiaban para ser profesores.
De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes fueron detenidos por la policía local y entregados a una banda de sicarios al servicio de una mafia conocida como "Guerreros Unidos", de estrechos vínculos con el alcalde local. El 7 de noviembre, el Gobierno informó que miembros de ese cártel habían confesado el asesinato de los alumnos, cuyos cuerpos fueron incinerados y arrojados a una fosa común, según el testimonio de tres miembros de la banda.
La ONU considera el caso como de "desaparición forzada" y pidió a las autoridades una investigación que permita su esclarecimiento, castigo a los responsables e indemnización a los familiares de las víctimas, según expresó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su representante local, Jesús Peña Palacios.
Propiedad
Si la falta de noticias sobre los jóvenes ya había creado una inquietud general entre los mexicanos, la admisión oficial el 7 de noviembre de que habían sido víctimas de asesinos tan próximos a la estructura gubernamental encendió la mecha de una ola de protestas que han venido aumentando en las semanas sucesivas y que en el camino ha encontrado nuevos motivos para crecer.
Tal fue el caso de la "Casa Blanca", nombre con el que la prensa dio a conocer el 9 de noviembre una lujosa residencia que la Primera Dama, Angélica Rivero, posee en un exclusivo barrio de Ciudad de México y cuya existencia fue revelada pocos días después de que el Gobierno cancelara sorpresivamente el proyecto de un tren de alta velocidad de 3.700 millones de dólares (ya adjudicado al consorcio chino CRCC).
The Wall Street Journal investigó el origen del inmueble y determinó que su título de propiedad estaba a nombre de Juan Hinojosa Cantú, dueño de empresas constructoras que han ganado varias licitaciones cuando el actual presidente era gobernador del estado de México. El empresario constructor participaba también del proceso de adjudicación del tren de alta velocidad.
Tras la repercusión que tuvo la revelación del caso, la esposa de Peña Nieto decidió vender la mansión, de 1.400 metros cuadrados y de un valor aproximado de 7 millones de dólares.
Marchas y reformas
Ambos casos se han conjugado en una combinación explosiva para colocar a la sociedad mexicana en pie de guerra contra lo que consideran ineptitud del Gobierno para esclarecer el crimen de los estudiantes y contra las redes de corrupción que el presidente Peña Nieto se había propuesto combatir en su programa de reformas del país y que parecen seguir actuando impunes.
"Le quedan seis días al presidente Peña Nieto para presentar su renuncia al cargo porque así se lo está pidiendo el pueblo mexicano", dijo el 24 de noviembre uno de los estudiantes de la misma escuela a la que pertenecían los alumnos desaparecidos, al sumarse a la convocatoria de marchas contra el mandatario. Si no renuncia "las movilizaciones en su contra crecerán en todo el país", agregó en tono extremo.
En la región donde desaparecieron los estudiantes, en tanto, continúan las búsquedas para determinar cuál ha podido ser su destino. Al mismo tiempo, el Gobierno anunció que Peña Nieto lanzará esta semana un plan orientado a corregir acciones en temas de seguridad, procuración de justicia y anticorrupción.
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