Además denuncia que los registros oficiales están desfasados desde 2011. Según el censo oficial de población y vivienda más reciente, había 3,44 millones de casas vacías en España. El número de viviendas vacías aumentó en un 10,8% en un decenio y, de las casas construidas durante el periodo de auge de la construcción, el 18,5% continuaban vacías. Más de 263.000 casas en la Comunidad de Madrid (el 9,1% de todas las viviendas de la región) y más de 448.000 en Cataluña (11,6%) seguían desocupadas.
La organización denuncia como cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios y las deficiencias del sector inmobiliario. "El parque de vivienda pública en España es de los más reducidos de Europa, y el gasto público en vivienda también está por debajo de la media europea". El país sólo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. Sólo le supera Grecia.
"No todas las casas vacías son inmediatamente habitables, ya que algunas llevan largos periodos desocupadas. Sin embargo, dada la disponibilidad de un gran número de casas vacías en España, existe un recurso al que las autoridades públicas podrían recurrir para conseguir de manera progresiva la plena realización del derecho a la vivienda, como exigen las normas internacionales de derechos humanos", propone Amnistía Internacional.
Casi 600.000 de desalojos
Desde el estallido de la crisis, se pusieron en marcha 578.546 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2014; de ellas, 25.811 terminaron en un desalojo en 2013 y 28.877 más en 2014. El Banco de España documentó más de 98.000 desalojos hipotecarios de viviendas habituales ejecutados entre enero de 2012 y junio de 2014, de los que 52.000 se derivaron de un procedimiento judicial. "La mayoría de los desalojos afectan a casas construidas y compradas durante la etapa de bonanza económica de la década hasta 2008, la vivienda en propiedad se consideraba una inversión segura y las hipotecas se convirtieron en un producto muy atractivo para el sector financiero", destaca Amnistía.
El alto número de ejecuciones y desalojos que se han llevado a cabo desde 2008 son principalmente el resultado de un alto índice de desempleo, dado que la falta de ingresos es la razón principal de que las familias no puedan seguir afrontando los pagos hipotecarios.
"El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. "Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación", ha añadido.
Considera que las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que la Sareb (también conocida como "banco malo" es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas. La organización considera que el Gobierno debería modificar el mandato de la Sareb y promover así el uso de esas viviendas, para asegurar el acceso a las mismas de un mayor número de personas.
También pone de relieve que el sistema jurídico protege a las entidades financieras, no a las familias, "las negociaciones con los bancos se celebran sólo entre las partes y a puerta cerrada, sin un mecanismo que vele por la buena fe de ambas partes y la igualdad procesal entre ellas. Solamente la implicación de organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha equilibrado la balanza en algunos casos". Según la ONG, en España no se ha habilitado un mecanismo que vele por la igualdad procesal en las negociaciones entre los bancos y las familias, "las autoridades públicas deben garantizar la imparcialidad del proceso de negociación para evitar la desigualdad entre las partes".
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