En un contexto de cambio político y citas electorales, el Consejo General de Economistas (CGE) ha organizado una sesión de debate para analizar la competitividad fiscal de España en comparación con los países de nuestro entorno. En encuentro ha sido protagonizado por la directora global de Fiscalidad de Iberdrola, Begoña García-Rozado; y el ex director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Diego Martín-Abril; que han intercambiado sus impresiones sobre la competitividad tributaria española y soluciones para atraer inversión extranjera. Pese a sus diferencias, ambos expertos abogan por adoptar las políticas de estabilidad tributaria existentes para incrementar la seguridad jurídica y coinciden en que la competitividad fiscal española ha empeorado en los últimos años.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha presentado el debate apostando por la atracción de la inversión. Ha tildado de “complejo” el sistema tributario español por los distintos niveles administrativos, que provocan una “competitividad fiscal” entre los territorios. A este respecto, ha afirmado que España no cuenta con una “legislación tributaria global” y que los avances que se han hecho son “tímidos” en comparación con países de nuestro entorno. Asimismo, ha reflexionado sobre las subidas de impuestos y el freno que estas suponen para la llegada de capital extranjero. 

El coordinador del Observatorio de Fiscalidad Corporativa del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), Jaume Menéndez, ha sido el encargado de moderar el debate, recordando que “los sistemas fiscales deben estar vinculados al modelo de Estado que necesitamos y podemos financiar; al grado de intervención que deseamos del sector público en la economía; a las formas de financiar ese sector público, y a la forma en que queramos distribuir entre generaciones los costes de la intervención estatal”.

Competitividad de la política fiscal en España

La primera parte del evento preguntaba a ambos participantes sobre el modelo de política fiscal que debería de impulsar España para ser más competitiva. En primer lugar, Begoña García-Rozado considera que este debe basarse en “la seguridad jurídica y en la predecibilidad” y en la necesidad de “tener una agilidad administrativa en los trámites que sean necesarios”. En cambio, Diego Martín-Abril cree “difícil” que en España se pueda implementar un sistema fiscal con impuestos bajos, opta por otros métodos para mejorar la competitividad, como “la mejora de la seguridad jurídica, mayor estabilidad normativa, coordinación de nuestro sistema tributario en sus distintos niveles, revisión profunda de la imposición patrimonial…”.

Acto seguido, el moderador ha pasado a preguntar por la competitividad fiscal de España en un contexto europeo y si, internamente, se perciben muchas diferencias entre Comunidades Autónomas. Martín-Abril se refirió a un estudio comparativo de la competitividad fiscal de Tax Foundation que analiza a los países miembros de la OCDE. Este informe situó en 2022 a España en el puesto 34 de un total de 38 países que componen la Organización, lo que supone una bajada de 11 puestos en tan solo tres años. En cuanto a la competitividad regional, ha aludido al mismo informe que sitúa a Madrid, País Vasco y Canarias como las regiones más competitivas. En esta ocasión, García-Rozado ha concordado con Martín-Abril, aludiendo también a las bajadas en los rankings de competitividad: “Si hablamos, en concreto, del Impuesto sobre Sociedades, ocupamos el puesto 31 y en incentivos fiscales el puesto 35.”

Inversores, impuestos y seguridad jurídica

El tercer tema a tratar en el debate ha sido si España es atractiva para los inversores extranjeros. García-Rozado ha argumentado que, de los tres elementos necesarios para resultar atractivo para inversores, nuestro país cumple solo dos. Según la dirigente de Iberdrola, España cumple en ser atractivo desde el punto de vista del negocio en rentabilidad, pero que “tenemos mucho recorrido” en torno a la estabilidad regulatoria. Martín-Abril, por su parte, ha apelado a los numerosos convenios firmados por España, así como al marco comunitario como garantes de la seguridad jurídica. 

Ambos debatientes tampoco ven prioritario una rebaja del tipo nominal del impuesto sobre sociedades. Los dos se han referido a los principales países de la Unión Europea, donde este tributo es más elevado que en España. En relación con el IRPF, también han concordado en “deflactar la tarifa”.
 
Para cerrar el debate, los dos expertos han debatido sobre cómo mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa en España. García-Rozado ha querido diferenciar entre “estabilidad normativa e inmovilismo normativo”, añadiendo que la “predecibilidad” es “fundamental”. Asimismo, ve necesaria un cambio de óptica en la Administración, para pasar de una “punitiva” a una “preventiva”. Martín-Abril ha pedido “contundencia” a la hora de tratar la seguridad y la estabilidad, que ha calificado como “motores de la inversión”. Para ello, el ex dirigente de Hacienda aboga por potenciar la consulta tributaria a través de la reducción efectiva de los plazos de contestación y de la mejora de su carácter vinculante. Asimismo, apuesta por reducir la litigiosidad y “fomentar la relación cooperativa entre Administración y obligado tributario”.