La revista DIRIGENTES, en su pasado número de marzo, ha analizado en profundidad la metodología del fraude fiscal y qué está haciendo Europa para terminar con este lastre. Los expertos de la Comisión Europea (CE) han elaborado un documento para ayudar a los Estados a dejar de perder ingresos por la evasión fiscal, un estudio sobre la planificación fiscal agresiva de las empresas y sus principales formas de eludir impuestos para alertar a los gobiernos y que pongan cerco al fraude. La Comisión se ha puesto como objetivo liderar las propuestas para atajar la evasión fiscal en Europa. Pero sus medidas apenas copian las directivas de la OCDE que se basan principalmente en la transparencia. Un ejercicio que pasa por poner en evidencia a quien evite pagar. El acuerdo de la OCDE fue firmado a finales de enero en París por 30 países, entre ellos España, Suiza, Luxemburgo, México o Chile -pero no por Estados Unidos- y será aplicable a partir de 2017. Incluye un Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés) de lucha contra la erosión de bases imponibles, la planificación fiscal agresiva y la transferencia artificial de beneficios empresariales.
Las multinacionales se verán obligadas a presentar un informe país por país con la información sobre el pago de impuestos, que estará a disposición de los países firmantes, para que no haya ocultación de información sobre los pagos o impagos fiscales. La Comisión aprovechó el acuerdo para presentar medidas que imitan casi al dedillo las de la OCDE, aunque asegura que quiere ir más allá y que el informe sea totalmente abierto al público en un futuro, siempre que se demuestre que hacerlo visible no atenta contra la competencia.
Busca con ello poner freno a las ingenierías fiscales que idean las multinacionales principalmente para evadir impuestos y que hacen perder a los Estados más de 70.000 millones de euros al año. El boceto de la propuesta está preparado, pero será papel mojado si no encuentra el consenso del conjunto de los Estados miembros. Serán los Veintiocho quienes hagan posible avances en la materia si aprueban la nueva Directiva que presentará la Comisión. Todavía falta conocer su posicionamiento ante una de las primeras medidas que tomó el Ejecutivo comunitario para combatir el fraude fiscal. Bruselas ha propuesto que los países informen de forma puntual cada trimestre de los acuerdos que firman con multinacionales, los tax rulings. El objetivo siempre es el mismo. Que haya transparencia y se den a conocer para el conjunto europeo todos los acuerdos que firman los países vecinos. Por otro lado, la Comisión proseguirá su campaña por la reforma del impuesto de sociedades en 2016, con propuestas importantes, tales como el relanzamiento de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).
Las dos propuestas legislativas del paquete de medidas se presentarán al Parlamento Europeo para su consulta y al Consejo para su adopción. El Consejo y el Parlamento deberían también aprobar la Recomendación sobre los convenios fiscales y los Estados miembros, cumplirla con la revisión de sus convenios fiscales. Los Estados miembros también deberían ponerse de acuerdo de manera oficial sobre la nueva estrategia exterior y decidir cómo seguir adelante lo antes posible tras su aprobación por el Parlamento Europeo, recordaba la Comisión.
Las empresas estadounidenses
Todas estas medidas pondrán en evidencia las actuaciones de algunas multinacionales, pero se sospecha que repercutirán negativamente sobre todo en empresas estadounidenses. Starbucks, Amazon o Apple llevan tiempo bajo el punto de mira del departamento de Competencia de la CE. En el caso concreto de Apple, la Comisión Europea sospecha que lleva 20 años sin declarar todos los beneficios de sus filiales en Irlanda. De ahí que Bruselas haya abierto una investigación para recabar información sobre la tributación de la empresa en este país, que podría haber sido pactada en un acuerdo bilateral con el Gobierno irlandés de forma ilegal.
En un informe de 21 páginas, enviado recientemente a las autoridades irlandesas, la Comisión detallaba públicamente el origen de sus dudas sobre las cuentas del gigante estadounidense, centrándose en dos acuerdos que datan de 1991 y de 2007. Bruselas investiga si Apple ha recibido también ayudas estatales a través de ventajas fiscales a medida.
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