El nuevo paquete legislativo liberaliza también la venta de créditos morosos a fondos de inversión, configura el mecanismo de recorte automático del presupuestos en caso de que el Gobierno no cumpla los objetivos de superávit acordados con los acreedores y establece un nuevo fondo de privatizaciones que sustituirá al antiguo TAIPED y que tendrá más atribuciones.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, introdujo por sorpresa una enmienda adicional a la ley que contempla congelar los salarios de los funcionarios públicos en "régimen especial", es decir, jueces, personal militar o policías, durante dos años, medida con la que espera ahorrar hasta 118 millones de euros por ejercicio y que ni siquiera convence a todos dentro del Gobierno y por eso Alexis Tsipras ha planteado otros recortes adiciones para evitar tener que aplicarla.
El Ejecutivo confía en que el aumento de la recaudación previsto en la ley, sumado a los 3.600 millones al año en recortes y subidas de gravámenes aprobados hace dos semanas, sirvan para convencer al Eurogrupo de que concluya la primera revisión del tercer rescate, y consecuentemente que le transfieran el primer tramo del mismo, con el que Grecia hará frente a obligaciones de pago de deuda y a atrasos en otros pagos.
De la reunión de los ministros de Finanzas del euro, Atenas espera además que salga un acuerdo para aplicar un plan de alivio de la enorme deuda de Grecia.
Contra estas nuevas medidas se posicionaron los sindicatos, tanto el del sector público (Adedy), como el del privado (GSEE), que llamaron a manifestarse esta tarde frente al Parlamento. Los empleados del metro de Atenas continúan su paro total de 48 horas, al que se únen este domingo los trabajadores del servicio de autobuses y de todo tipo de trenes interurbanos.
GSEE aseguró en un comunicado que después de lo negativa que resultó la aprobación de la reforma de la caja de las pensiones, "el Gobierno continúa su trabajo destructivo, con un golpe de gracia a toda la sociedad griega" a través de "nuevos impuestos y venta de bienes públicos". Adedy, por su parte, señaló que espera que no se apruebe "el memorándum bárbaro" y que no se apliquen los "recortes en pensiones y gasto social".
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