Alemania adoptó esta medida para proteger el Estado del Bienestar ante la avalancha migratoria de residentes europeos desde que estalló la crisis económica en 2008.Casi 300.000 inmigrantes procedentes de Europa del sur y del este cobra prestación por desempleo. La medida afecta a casi 30.000 españoles que actualmente buscan trabajo en Alemania.
La polémica se desató con la denuncia de una trabajadora rumana que solicitó ayudas y le fue denegada por no aceptar ningún trabajo. El Tribunal Social de Leipzig elevó la demanda al Tribunal de la UE.
Este tribunal apuntó que la mujer no dispone de "suficientes medios para vivir" en el país y por ello, según el derecho europeo, no tiene derecho alguno a residir en Alemania y no puede acogerse a la ley contra discriminación de la UE.
Cuando el período de residencia es superior a tres meses, la UE condiciona el derecho de residencia a que las personas que no ejercen una actividad económica dispongan de recursos propios suficientes.
