Alemania es el segundo país europeo con mayor secretismo bancario y el octavo a nivel mundial, según los datos de la plataforma internacional Tax Justice Network. El informe mide los grados de opacidad bancaria de más de cincuenta países en base a parámetros como la concentración de servicios offshore, el volumen de recursos públicos destinados […]
Dirigentes Digital
| 04 ene 2017
Alemania es el segundo país europeo con mayor secretismo bancario y el octavo a nivel mundial, según los datos de la plataforma internacional Tax Justice Network. El informe mide los grados de opacidad bancaria de más de cincuenta países en base a parámetros como la concentración de servicios offshore, el volumen de recursos públicos destinados a la lucha contra el blanqueo o la rigidez de la legislación en torno a estas conductas. En contra de que cabría esperar, el país teutón concentra el 6% de la cuota global de servicios financieros offshore. EEUU (20%), Reino Unido (17%) y Luxemburgo (12%). Los últimos cálculos disponibles reflejan que hasta agosto de 2013 se movieron entre 2,5 y 3 billones de euros en activos exentos de impuestos cuyos intereses devengaron en no residentes. Sin embargo, el caso de Alemania dista mucho del de otros países como Suiza o Luxemburgo, cuyo secreto bancario está reconocido y protegido, o del de los paraísos fiscales al uso. La debilidad de la regulación germana en materia de prevención del fraude fiscal y la proliferación de vehículos financieros tradicionalmente opacos son los principales atractivos para capitales ilícitos extranjeros, señalan desde Tax Justice. Según el informe, la legislación alemana en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales es “demasiado laxa” en comparación con los estándares internacionales. Las multas por fallos de prevención de las instituciones financieras y bancos, al igual que el número de casos abiertos, son muy bajas en comparación a otros países de la zona euro. Del mismo modo, la penalización máxima por mentir u omitir voluntariamente información en las declaraciones de activos de no residentes es de tan sólo 5.000 euros, mientras que en otras legislaciones, como la española, pueden llegar a constituir delito fiscal. Los esfuerzos del Ejecutivo alemán por controlar los niveles de fraude también son cuestionados en este informe. Las estadísticas oficiales sobre evasión fiscal y blanqueo no son elaboradas por un ente público, como en el caso de España, sino que el Gobierno subcontrata a una auditora privada, lo que podría suponer un conflicto de intereses. En el mismo sentido, la Hacienda pública germana ha sido criticada por tener un sistema impositivo demasiado “fragmentado, obsoleto tecnológicamente y desprovisto de recursos”, lo que dificulta el control fiscal sobre las grandes riquezas. Otro de los puntos a mejorar es la transposición de las directivas tanto de la Comisión Europea como de la OCDE en materia de transparencia fiscal. El sistema alemán registra deficiencias a la hora de intercambiar información fiscal con otras jurisdicciones, ya sea automáticamente (como en el caso de Suiza) o a través de acuerdos. Según el informe, la adaptación del país a estos convenios internacionales está siendo muy lenta y costosa en comparación a la media europea. La OCDE ha criticado en numerosas ocasiones al Ejecutivo alemán y a los órganos judiciales por carencias en materia de transparencia. Un ejemplo es la compra de datos a las entidades financieras situadas en países oficialmente acogidos al secreto bancario (Suiza). En estos casos (como el del Liechtenstein LGT bank), las autoridades no hacen públicos los resultados de dichas compras. Alemania también ha tenido un papel decisivo para bloquear o debilitar las iniciativas europeas destinadas al control de capitales. En 2014, fue uno de los estados miembros que se opuso a la publicación de los nombres de los condenados por delitos de blanqueo. También entre 2013 y 2014 fue uno de los impulsores en el bloqueo para la creación de un registro único de propietarios (de hecho y de derecho) de compañías alrededor de Europa, que finalmente quedó condicionado a un test preliminar sobre la legitimidad de los intereses en la solicitud. Por otro lado, la proliferación de vehículos financieros tradicionalmente opacos, como las “bearer shares” (acciones al portador), y de figuras similares, como la del fideicomiso, complican aún más la identificación de los verdaderos propietarios del capital. Las exenciones fiscales para los no residentes en relación a depósitos bancarios y a la compra de bonos del Estado son considerados atractivos extra para este tipo de prácticas. Suiza abandona el podio Suiza se ha comprometido a compartir automáticamente los datos bancarios de los titulares extranjeros de cuentas a partir de 2018. Este paso definitivo supone la puesta en marcha de un acuerdo marco sobre intercambio automático de información con los 38 países de la OCDE (2014) y con la Unión Europea (2015). Desde esta fecha, los países podrán ahorrarse el trámite de solicitar la información, previa demostración de que existen indicios de evasión de impuestos por parte del titular de la cuenta, y podrán acceder directamente a una base de datos anual.
El país helvético pone fin a casi un siglo en el que el secreto bancario ha sido su principal atractivo de cara a los capitales extranjeros y su principal problema en relación a otros gobiernos. Hasta el momento, Suiza ha copado la gestión de activos extranjeros con el 25% de la cuota mundial, según la Asociación Suiza de Banqueros (ASB).
La UE continúa la lucha
A partir del 1 de enero de 2017 los Estados miembros de la UE están obligados a intercambiar automáticamente información sobre todas las nuevas resoluciones fiscales transfronterizas que dicten, lo que se realizará a través de un depositario central, accesible a todos los países de la UE. Esta resolución obliga a los gobiernos a intercambiar información sobre nuevos acuerdos fiscales con multinacionales.
“Tenemos la obligación de que la fiscalidad de las empresas sea más justa y más transparente y de utilizar todos los medios posibles para bloquear el fraude fiscal y el traslado de beneficios”, ha señalado el comisario europeo Pierre Moscovici.
Cada seis meses, las autoridades tributarias nacionales deberán enviar un informe al depositario, con la lista de todas las resoluciones fiscales transfronterizas que hayan dictado. Otros estados miembros podrán entonces comprobar esas listas y pedir a cada país información más detallada acerca de una resolución concreta. Este primer intercambio debería tener lugar a más tardar el 1 de septiembre de 2017.
Por otra parte, el G20 ha encargado a la OCDE la realización de una lista de paraísos fiscales que pueda ser adoptada por todos los países miembros. Está previsto que se presente a partir de septiembre de este año.
