Será la primera visita oficial del presidente del Gobierno al Principado y de fondo estará el caso Pujol, aunque los gabinetes de ambos dirigentes niegan que el tema no se tratará al no estar en la agenda. Andorra se ha convertido en un aliado de Jordi Pujol y el resto de su familia, acorralados por la justicia, por presuntos delitos fiscales. En la investigación, el juez Ruz pidió a Andorra documentación e información sobre las cuentas e inversiones de la familia en Banca Privada de Andorra. La justicia del principado puso todas las trabas posibles, casi aludiendo al secreto bancario.
El pequeño país intenta que su sector financiero se convierta en la banca suiza, cuyo principal activo es salvaguardar las finanzas de sus clientes. Andorra para facilitar información, al igual que Suiza, exige requiere que los datos que se faciliten no sean utilizados para perseguir un delito fiscal, requiere de que las investigaciones judiciales imputen otros delitos, como corrupción o narcotráfico. En la práctica es convertir a sus bancos en un bastión para dinero procedente de la evasión fiscal de otros países.
El Gobierno pretende romper esta barrera para que la justicia española pueda perseguir a los defraudadores españoles que se refugian en Andorra. Y lo hará en el marco de un acuerdo bilateral convenio de doble imposición que facilitará a los empresarios andorranos hacer negocios en España con menos impuestos y viceversa. Una vez entre en vigor, las
empresas y las personas evitarán tributar en los dos países por el mismo concepto.
El acuerdo abre la puerta para que Andorra compita fiscalmente con España aplicando unos impuestos más bajos a empresas, una práctica que se conoce como dumping fiscal. Una empresa que establezca su sede social en Andorra únicamente tendrá que pagar el impuesto de sociedades en este pequeño Estado, que es del 10% como máximo, con la posibilidad de sustanciales rebajas, cuando en España llega al 30%, aunque opere en territorio español.
