El próximo 22 de noviembre, Argentina celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La fecha marcará un antes y un después en el país después de varias décadas de kirchnerismo. Además, los resultados de la primera vuelta han activado aún más las apuestas después de que el peronista Daniel Scioli lograra un 36,6% de los […]
Dirigentes Digital
| 02 nov 2015
El próximo 22 de noviembre, Argentina celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La fecha marcará un antes y un después en el país después de varias décadas de kirchnerismo. Además, los resultados de la primera vuelta han activado aún más las apuestas después de que el peronista Daniel Scioli lograra un 36,6% de los votos, muy por debajo de los que necesitaba para evitar una segunda vuelta. Scioli quedó empatado con el opositor Mauricio Macri.
Tras el jarro de agua fría que ha supuesto el resultado para el el kirchnerismo, Scioli intenta apelar al futuro del país para lograr remontar en la segunda vuelta: "convoco a los indecisos e independientes para esta agenda del gran futuro del desarrollo argentino". Ahora, a escasas semanas de la cita decisiva, el candidato promete elevar la jubilación mínima con recursos del ente oficial de la Seguridad Social y con fondos del Estado.
En una entrevista concedida a Reuters, el candidato asegura que "se va a financiar el 82% móvil con una combinación entre la Anses (la Administración Nacional de la Seguridad Social) y los fondos del Tesoro". De esta forma, Scioli quiere remontar y alzarse con la victoria el próximo día 22.
El mercado opina
Mientras pugna entre Macri y Scioli sigue, los inversores parecen haber dado ya su veredicto. Los buenos resultados del candidato liberal hace dos semanas ha insuflado optimismo en el mercado de forma que el Merval, el indicado de la bolsa de Buenos Aires, se ha disparado más de un 10% desde que se conoció el resultado.
Pero gane quien gane las presidenciales, el próximo presidente tendrá que hacer frente a un asunto espinoso: los fondos buitres. Ahora, el juez estadounidense que lleva el caso, Thomas Griesa, ha fallado a favor de los bonistas que no aceptaron las reestructuraciones de deuda por lo que el país debe sumar 8.000 millones de dólares a su deuda.
