La situación de Argentina se enreda aún más con la decisión del juez de sentar de nuevo al gobierno de Cristina Fernández y a los fondos liderados por NML y Aurelius, que obtuvieron una sentencia judicial favorable para ser compensados con 1.500 millones de dólares por el default del país sudamericano en el 2002.
No se espera que Buenos Aires ceda en su posición. El Gobierno argentino mantiene que no puede cumplir con la sentencia ni llegar a un acuerdo con los demandantes porque se lo impide una cláusula en las reestructuraciones de deuda que realizó en el 2005 y el 2010.
Argentina si paga los 1.500 millones corre el riesgo que el resto de inversores recurran las reestructuraciones de deuda del pasado, circunstancia que empujaría al país a la bancarrota. Los bonistas que sufrieron la quita tienen una cláusula que les permite exigir los mismos términos de cualquier otro acuerdo al que Argentina llegue con otros tenedores. Según el gabinete de Fernández, calcula que se desatarían reclamaciones judiciales por valor de 120.000 millones de dólares. Por ello Argentina se niega a cumplir el fallo del juez que dictó el pago a los fondos buitres.
En la audiencia el juez, se mostró enfadado con el gobierno argentino por ofrecer "verdades a media" y defendió al mediador entre las partes que fue acusado de ser un agente de los fondos. "La República Argentina ha hecho afirmaciones en público que han sido altamente engañosas y esto tiene que parar", explicó el magistrado.
Desde Buenos Aires, niegan que hayan entrado en default porque depositó a tiempo y forma 539 millones de dólares en las cuentas en Buenos Aires del agente de pago del título, Bank of New York Mellon, para que los tenedores de sus bonos Discounts recibieran el pago de un cupón que venció a fines de junio. Sim embargo, la sentencia de Griesa congelaba el pago hasta que resarciera a los fondos.
Los fondos insisten en argumentar que la llamada cláusula RUFO solo se activaría en caso de pago voluntario y no si hay una sentencia judicial por medio. Desde Buenos Aires desconfían de las entidades acreedoras porque creen que buscan el default del país después de haber invertido en contratos de seguros impagos, los famosos CDS que se disparaban cuando la prima de riesgo de las economías europeas subía. La normativa Rufo vence a finales del ejercicio para los bonistas de 2005 y 2010. Por eso una de las intenciones argentinas es retrasar el pago para 2015.
Por otra parte, con la calificación de la agencias de rating de default selectivo se activaron los seguros de impagos en el mercado de derivados por valor de 1.000 millones de dólares ante el impago de uno de los títulos públicos (Discount) emitidos por el Gobierno argentino.
Algunas fuentes, aseguran que la Casa Rosada busca una solución para que la banca privada del país pague los 1.500 millones de dólares a NML y Aurelius para evitar nuevas reclamaciones judiciales.
