Argentina se arriesga a un embargo

Casi venciendo el plazo fijado por el juez de Nueva York Thomas Griesa (30 de julio) para pagar 1.300 millones de dólares a los fondos financieros "buitre" (aquellos que reclaman la totalidad de la deuda; el NML, de Paul Singer, a la cabeza), Argentina ha desembolsado la cuota de 539 millones que le debía a los bonistas que aceptaron cobrar menos y ha dejado abierta la expectativa sobre el tratamiento que dará al valor que le exigen los acreedores más irreductibles.

"La República Argentina hizo saber a los tenedores de deuda adherentes voluntarios a los canjes de 2005 y 2010, que hizo el depósito de las sumas correspondientes a los próximos vencimientos a ocurrir el 30 de junio", expresó el gobierno argentino en un comunicado, señalando que el depósito cumple con el compromiso asumido frente al Bank of New York Mellon.

Debido a la sentencia judicial firme en ese sentido, el país se arriesgó a un embargo de su depósito, decisión que el juez podría tomar para cumplir con el fallo en favor de los "buitres" y respecto de la cual el gobierno deslinda "cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretenda imputársele a la República".

Marchas y contramarchas

Antes del desembolso, la administración de Cristina Fernández había reaccionado de manera errática al fallo, primero rechazándolo, luego condicionándolo, más tarde aceptándolo y nuevamente rechazándolo. El gobierno llegó a publicar una carta en diarios de Estados Unidos, presentó abogados para negociar una reestructuración y hasta envió a su ministro de Hacienda para explicar en la ONU un plan alternativo, sin nada conseguir en su intención de cambiar la decisión del juez.

"Unidad y responsabilidad" le había pedido la Iglesia Católica -comandada justamente por un argentino, el papa Francisco- para negociar en la Corte Suprema de Estados Unidos. "Este hecho reclama con urgencia de toda la dirigencia una actitud madura de unidad y responsabilidad para responder, en una justa negociación, a la situación generada", dijeron los obispos. No obstante, los movimientos oficiales siguieron otra tónica.

Comenzaron con un discurso de tono pedagógico de la primera mandataria, que fustigó a los "fondos buitres" por querer llevar al país a un cese de pagos, acusándolos también de "merodear sobre las reservas" de petróleo de Vaca Muerta, recientemente descubiertas en la Patagonia y que podrían multiplicar por diez las reservas argentinas. El año anterior, el gobierno ya había expulsado a Repsol de la posibilidad de explotación de ese yacimiento estratégico, expropiando a la española e indemnizándola con la mitad del valor de su participación accionaria en la empresa YPF (Repsol recibió unos 5.000 millones de dólares en bonos, después de aceptar que el gobierno no le daría los 10.000 millones que reclamaba).

Clases de historia

Luego vino una conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Axel Kicillof, en la que expuso "la historia de la deuda", señalando que el fallo judicial norteamericano colocaba al país "en riesgo de default (cese de pagos)" y que, ante tal perspectiva, la respuesta oficial a los fondos buitres era: "No pasarán". La exposición del ministro -autor también de la nacionalización de la empresa Aerolíneas Argentinas, deficitaria en cerca de un millón de dólares diarios, según un promedio entre estimaciones oficiales y privadas- planteaba que el gobierno argentino quería pagar, "pero no lo dejan".

De esa disertación, acuñada con un tono didáctico y épico similar al de la arenga de la presidente, surgía la propuesta de continuar pagando los vencimientos de la deuda "en Argentina y bajo la ley argentina", un inusitado cambio de la jurisdicción inicialmente asumida por las partes para dirimir el litigio.

Buitres y palomas

Sin obtener señal alguna de ablandamiento del juez, que es presentado en la prensa argentina favorable al gobierno como un personaje siniestro al servicio de grupos que buscan jaquear a esa nación, el paso siguiente fue publicar una carta en los principales diarios de Estados Unidos levantando el mismo argumento de que "Argentina quiere seguir pagando sus deudas, pero se vio obstaculizada por el fallo".

Atribuyendo a ese débito la causa del desempleo y la pobreza de los argentinos, la carta -que ocupó una página completa en The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post- repetía el argumento de que el gobierno argentino ha venido cumpliendo puntualmente con los pagos de la deuda, heredada de administraciones anteriores. "Argentina quiere pagar como lo viene haciendo desde 2005 pero no la dejan", tituló su declaración.

Luego del desembolso de los 832 millones, el juez Griesa convocó a los fondos "buitres" a sentarse a la mesa para negociar con los representantes argentinos, a quienes observadores internos de Argentina, críticos con el gobierno, han llamado irónicamente "palomas". Sobre el final de junio, Argentina vuelve a sentir un agravamiento de su crisis en condiciones que le recuerdan la quiebra de 2001.