Esta ley, que cuenta con algunos vetos, fue aprobada por el Legislativo brasileño y ha sido difundida por el Diario Oficial de la Unión, el BOE brasileño. Permitirá la regulación de aquellos recursos de origen lícito, obtenidos fuera del país, que no son declarados, sin que esto suponga un delito fiscal o se pueda considerar […]
Dirigentes Digital
| 15 ene 2016
Esta ley, que cuenta con algunos vetos, fue aprobada por el Legislativo brasileño y ha sido difundida por el Diario Oficial de la Unión, el BOE brasileño. Permitirá la regulación de aquellos recursos de origen lícito, obtenidos fuera del país, que no son declarados, sin que esto suponga un delito fiscal o se pueda considerar evasión de divisas.
La medida entrará en vigor el 15 de marzo y con ella el gobierno brasileño pretende alcanzar unos niveles de recaudación que ronden los 21.000 millones de reales (algo más de 4.800 millones de euros) en un solo año.
Permitir regularizar los pagos en B que se realicen fuera de su país por parte de sus habitantes nace con la idea de mejorar las cuentas públicas de Brasil, las cuales se encuentran muy debilitadas.
La normativa promulgada por Rousseff cuenta con 12 vetos que ella misma ha impuesto. Entre ellos se encuentra uno que permite la regularización de objetos enviados de forma regular, pero no declarados, como joyas u obras de arte, además de otro que da vía libre a la repatriación de recursos en nombre de terceros.
Con la ley en la mano, y teniendo en cuenta estos dos vetos, se deduce que un brasileño tiene la total libertad legal de crear un negocio de blanqueo de dinero o de venta de joyas u otros bienes robados. Pero no solo eso, sino que si lo puede hacer un tercero, un ladrón o cabecilla de alguna organización no tendría ni que exponerse a represalias, las cuales no habría porque sería legal, por vender esos objetos. Podría pagar a otra persona para que se encargase de ello.
Pueden pensar que si la ley pide que los recursos repatriados tienen que tener un origen lícito el blanqueo de dinero o la venta de bienes robados no se permitiría, pero al no necesitar que estos estén declarados no habría manera de demostrar cómo los han obtenido.
La ley de repatriación es una de las medidas que ha impulsado el Ejecutivo de Rousseff para aumentar la recaudación de sus cuentas, tras registrar en el pasado 2015 un déficit récord.
Con la intención de reequilibrar los números, el Gobierno de Brasil lanzó el pasado año un severo plan de ajuste fiscal para conseguir una reducción de los gastos y un aumento de los ingresos, especialmente a través de la vía tributaria. Sin embargo, estas medidas de austeridad terminaron por enfriar la economía, la cual cayó en 2015 alrededor de un 3,70 % según las previsiones de los analistas.
La ley de Rousseff puede que reactive la economía brasileña, pero con polémica, dado que la manera de recaudación que se conseguirá será la de obtener un 30% de cada negocio en el que haya de por medio dinero negro, donde una mitad se destinará para pagar una multa y la otra mitad para el impuesto de renta.
Brasil enfrenta una inflación superior al 10 %, el mayor nivel que ha registrado en los últimos 13 años, sumado un aumento de las tasas de desempleo y una fuerte depreciación de su moneda frente al dólar. Por tanto, tal vez esta ley se pueda explicar como una medida desesperada de Rousseff para subsanar los males financieros de su país.
