Existe una gran oferta ilegal de alojamientos en Barcelona que "genera especulación y economía sumergida", expresa un dossier presentado por el Ayuntamiento de la ciudad. El Ejecutivo de Ada Colau ha presentado una batería de medidas (con un coste anual de 1,35 millones de euros), mediante las cuales pretende minimizar la oferta turística ilegal. Estas […]
Dirigentes Digital
| 29 jun 2016
Existe una gran oferta ilegal de alojamientos en Barcelona que "genera especulación y economía sumergida", expresa un dossier presentado por el Ayuntamiento de la ciudad. El Ejecutivo de Ada Colau ha presentado una batería de medidas (con un coste anual de 1,35 millones de euros), mediante las cuales pretende minimizar la oferta turística ilegal. Estas incluyen medidas de detección, de inspección y sanción, de colaboración interministerial, de sensibilización y normativas.
El comunicado explica que la Administración comenzó el ‘acoso y derribo’ a este tipo de alojamientos y, sobre todo, a las plataformas que los promocionan, con la llegada de Colau al Consistorio en mayo del pasado año. Ahora, con a penas un año de alcaldesa, la representante de En Comú Podem quiere incidir en la ilegalidad de esta práctica, aumentando las sanciones.
Barcelona comenzará desde este mes a aplicar la Ley de Turismo de Cataluña en materia de multas que establece que los portales que incluyan entre su catálogo de alojamientos apartamentos ilegales, tendrán que afrontar una sanción de 600.000 euros.
Estas nuevas medidas diferencian entre portales mayoristas y particulares. Cuando se detecte que un particular está alquilando su piso como apartamento turístico sin licencia, será sancionado de inmediato con la cuantía mínima, 30.000 euros. En caso de ser reincidente, causar malestar entre el resto de vecinos u ofrecer más del 50% de pisos en alquiler dentro de un mismo edificio, la multa podría ascender a los 600.000 euros.
Esta ofensiva clara contra páginas como Airbnb o Homeway puede salir muy cara al Ayuntamiento de Barcelona, ya que teniendo en cuenta la cantidad de apartamentos que ofertan y el volumen económico que han logrado alcanzar este tipo de portales, en la mayoría de ocasiones les conviene hacer frente a las multas y seguir ofertándolos. Al menos, esta ha sido la tendencia seguida en otras ciudades en las que se han enfrentado a situaciones similares. Sin embargo, como ya hemos explicado, a la ciudad no le saldrá gratis reforzar la vigilancia.
El verano es temporada alta para este tipo de alojamientos, por lo que habrá que esperar a que pasen estos meses para valorar si el dinero recaudado en multas o al menos el volumen de alojamientos cerrados cubre la cuantía anual de 1,35 millones de euros que se gastará Colau en las nuevas medidas.
