La norma considera amnistías, indultos y tratamientos especiales, pero excluye los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o los militares. La iniciativa es clave para la seguridad jurídica de los alrededor de 7.000 guerrilleros que están acusados de rebelión y otros delitos por la permanencia en el grupo rebelde en los 52 años de conflicto armado. La ley es la primera de varias que el presidente, Juan Manuel Santos, presentará para implementar el acuerdo de paz con las FARC, que incluye puntos como acceso a la tierra para campesinos pobres, administración de justicia, narcotráfico, compensación a víctimas, desminado y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU. El Gobierno tiene un respaldo mayoritario en el Congreso que le permite aprobar las reformas, pese a la oposición del partido político Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe. La ley de amnistía se aprobó después de que a mediados de diciembre la Corte Constitucional avaló un mecanismo rápido, que reduce el tiempo de los trámites de las reformas en el Congreso, en medio de la fuerte polarización de la población sobre el acuerdo con las FARC, informa Reuters.