¿Cómo conseguir 3 millones de empleos en cuatro años?

El informe España 2018 del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que aglutina a los máximos dirigentes de las grandes empresas españolas como Telefónica, BBVA, Mercado o Iberdrola, propone medidas concretas  crear como mínimo 2,3 millones de empleos en un horizonte de cuatro años.

Para ello el documento propone impulsar políticas públicas que favorezcan el aumento de tamaño de la empresa española. "Una convergencia del porcentaje de empresas con más de 50 empleados hacia el promedio de Alemania, Francia e Italia implicaría una incorporación de unas 15.000 nuevas empresas en este tramo, lo que tendría un importante impacto en nuestra economía tanto en términos de empleo como de productividad gracias, entre otras cuestiones, al importante efecto arrastre que las empresas de mayor tamaño ejercen sobre las pymes", explican desde el CEC.

Existe una relación directa entre tamaño de empresa, internacionalización y competitividad de esta. Las empresas de mayor tamaño, aprovechan sus economías de escala, contratan trabajadores con mayor formación, capacitación y menor temporalidad, son más innovadoras, que las empresas pequeñas, añade el documento.

Si se incorporan 15.000 nuevas empresas a compañías de más de 250 empleados y aumentar un 60% el número de empresas de 50 empleados  podrían llegar a generar, sólo por efecto directo, más de 400 mil puestos de trabajo.

Otro de los pilares de su hoja de ruta es apoyar sectores estratégicos como la economía del conocimiento, la energía, infraestructuras, el sistema financiero y la educación con medidas que aceleren la inversión y el desarrollo. Según los cálculos de la institución supondría la creación de 1,6 millones de empleos netos. Un ejemplo que destaca es que de lograr equiparar en 2018 los principales indicadores en materia de Economía del Conocimiento a las mejores prácticas de nuestros socios europeos tendría un impacto extra del 1,5% del PIB, que se trasladaría a una creación neta de empleo de 130.000 puestos de trabajo por año.

También considera imprescindible el adelgazamiento de la Administración Pública para cumplir con los compromisos internacionales y mantener la confianza de los mercados en la economía española. El objetivo es favorecer la simplicidad, homogeneización, eficiencia y transparencia en la gestión. Este hecho índice directamente en el crecimiento de las empresas y su productividad, e indirectamente en la creación de empleo.

Insistir en la internacionalización de las empresas es otro de los puntos estratégicos. El comportamiento exportador es la variable clave para que el proceso de desendeudamiento se realice de la forma menos costosa posible para la economía en su conjunto. El CEC explica que se han dado pasos en esta dirección con la reforma laboral para reducir los costes laborales de las empresas. Pero indica que se necesita mejorar en la financiación de las empresas exportadoras con el apoyo de instituciones públicas y el desarrollo de un marco legislativo que facilite la financiación alternativa, una rebaja fiscal en la inversión directa extranjeras y aumentar la inversión en instituciones como el ICEX.

El objetivo de estas medidas sería la incorporación de 35.000 nuevas empresas exportadoras. En términos de empleo, la consecución de este objetivo tendría la capacidad de generación de más de 700.000 puestos de trabajo.

CEC denuncia que la economía sumergida supone un coste entre 60.000 y 80.000 millones de euros al año, monto equivalente al 70% del gasto público en Sanidad. El impacto sobre el mercado de trabajo asciende a 1,85 millones puestos de trabajo, que supone un 11% en el PIB. Si se tomaran en serio las medidas contra la economía sumergida, la incorporación del empleo sumergido podría reducir la tasa de paro en al menos un 2%, con la incorporación de 827.000 empleados legales y un ahorro fiscal de 10.000 millones de euros.