Determinar la factura del rescate bancario es complicado. No solo hay que tener en cuenta las inyecciones de capital que se realizaron a las entidades de forma directa o las nacionalizaciones. También hay que computarse los miles de millones de euros que el Estado ha puesto en forma de garantías y avales para que los bancos encontraran financiación en los momentos más difíciles de la crisis financiera y otros instrumentos que han servido para proteger los intereses de la banca sana cuando se han adjudicado entidades intervenidas, como son los Esquemas de Protección de Activos (EPA). La Comisión Nacional del Mercado y Competencia (CNMC) añade nuevos cálculos sobre el montante final de la factura del rescate bancario. Según sus cifras ascienden a 107.453 millones, sin tener en cuenta garantías; muy por encima de los 61.500 millones que estima el Banco de España y que son considerados por el Gobierno como las cifras oficiales.
El supervisor bancario actualizó sus cifras el pasado mes de junio y alcanzaba los 61.495 millones en ayudas directas en forma de capital desde 2009. La CNMC rebaja el importe por recapitalizaciones en 59.778 millones, pero detalla y analiza el resto de ayudas y es donde se produce las grandes distorsiones. Para empezar Competencia que el Estado ha destinado 28.395 millones en rescate de activos deteriorados, un concepto que incluye ayudas que cubren la diferencia entre el valor contable y el valor de mercado de determinados activos de las entidades beneficiarias, como han ocurrido con los EPA o con las adjudicaciones de los activos inmobiliarios a la Sareb. En este sentido el organismo presidido por Luis María Linde explicaba que los EPA ascendían a 7.888 millones y contabilizaba las coberturas a los activos inmobiliarios en 2.600 millones por su participación en el conocido como banco malo.
Otra diferencia se produce en la forma de comparar el apoyo en forma de líneas de liquidez. La CNMC estima que ascienden a 19.315 millones, mientras el Banco de España las sitúa en 16.300 millones. El supervisor explicó que fueron facilitadas bien por el Banco de España, garantizadas con aval del Estado o con activos de la propia entidad receptora, o bien por el FROB. Todos los saldos dispuestos de estos créditos han sido ya amortizados y las líneas canceladas tras la recapitalización o, en su caso, la venta de las entidades beneficiarias. Competencia no entra en detalles.
Divergencias en garantías concedidas
Donde definitivamente no se ponen de acuerdo el Banco de España y la CNMC es las garantías otorgados por distintas instituciones del Estado. La institución presidida por José María Marín calcula que desde 2008 a 2012 se concedieron 223.000 millones. Unos números muy inferiores a los 103.000 millones del supervisor. "Ha continuado su proceso de cancelación y a 30 de abril de 2014 se habían devuelto avales por 71.350 millones, el 69% de los concedidos, tras los vencimientos de las correspondientes emisiones. No es previsible que se produzca ninguna pérdida derivada de estos avales para el Estado, que percibe por los mismos ingresos vía comisiones", subrayo en su momento el Banco de España. Competencia calcula que hasta 2012 el saldo vivo de garantías ascendía a 72.000 millones y se habían recuperado 2.289 millones por comisiones e intereses.
Los cálculos de Competencia están en línea con las estimaciones de otros organismos como el Tribunal de Cuentas que cifró la factura en 108.000 millones y de la propia Comisión Europea contempla que las ayudas recibidas están alrededor de los 100.000 millones. Desde el Banco de España, explican que es difícil que las cifras coincidan porque cada organismo aplica distintas normas contables y es complicado encajar y unificar todos los tipos de ayuda que ha recibido la banca.
