Denuncia a Draghi y al BCE

Alberto Sotillos denuncia la actuación de Mario Draghi, al frente del BCE, que "supondría la demostración de un poder, no democrático y sin control real, que ha estado jugando a derrocar gobiernos por intereses privados a costa de los ciudadanos europeos".

Decide en Común considera que el BCE actuó saltándose su propia normativa y los Tratados de la Unión. Desde su función de supervisor, procedió como si las entidades griegas fueran solventes, no puso en marcha los mecanismos a su alcance de rescate, recapitalización o liquidación, y desde su función de dirección de la política monetaria actuó como si las entidades griegas fueran insolventes. Decide en Común denuncia por lo tanto ante el Director de la Oficina Europea Antifraude al Consejo del BCE y a su presidente por las decisiones arbitrarias que determinaron la finalización de la liquidez de emergencia a la banca griega.

Esas decisiones se tomaron vulnerando sus propias normas y no bajo criterios técnicos sino bajo consideraciones políticas que no contemplan los Tratados de la Unión. Y además, quedan prohibidas por cuanto el BCE es un organismo independiente (importante: en la independencia de un banco central se juega todo: sin independencia no hay credibilidad y sin credibilidad no hay política monetaria).

Como consecuencia de su actuación, el BCE provocó de facto el corralito y las condiciones políticas que han llevado a la claudicación del actual Gobierno griego y a la caída del mismo. Concretamente ponen de manifiesto las contradicciones del BCE, en sus dos funciones, y la interferencia política carente de controles democráticos.

Se denuncia la violación del artículo 14 de los Estatutos del propio BCE (decisión arbitraria de no mantener el ELA), la violación de los artículos 4 y 5 del Tratado de la Unión Europea (el BCE denegó la solicitud del Gobierno griego sin competencias para ello), la violación del artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (falta de independencia en su actuación) y del artículo 127 del mismo texto (desproporcionalidad de su actuación afectando al normal funcionamiento de la moneda única).

Decide en Común espera que la OLAF, en cuanto tiene funciones de fiscalía europea, entienda necesario llevar ante la justicia a los responsables. Aunque desgraciadamente, de no producirse, debería servir para que se tomen decisiones políticas que apuntalen la independencia del BCE y evitar que no se vuelvan a incumplir los tratados de esta misma forma.

BCE

El BCE nace como órgano rector de la política monetaria y a partir del impulso de la unión bancaria le dimos además las funciones de supervisor bancario (que hasta entonces hacían los bancos centrales de cada país). Como rector de la política monetaria fija los tipos de interés y controla tanto la inflación como la estabilidad del sistema financiero.

Y como supervisor bancario, controla la solvencia de los bancos de la zona euro. Todo ello debe hacerlo como órgano independiente, sin participación ni consideraciones políticas, sujeto únicamente a su mandato y a consideraciones técnicas. – En la reciente crisis griega, el BCE ha obligado a que Grecia se financie a través del mecanismo ELA (Liquidez de Emergencia) que sirve únicamente para dar liquidez a entidades bancarias que atraviesan un problema temporal pero son solventes.

ELA no puede dar liquidez a entidades insolventes porque el BCE, respondiendo a su función de supervisión, lo tiene totalmente prohibido. Existen otros mecanismos para atender a la insolvencia de entidades, como recapitalizaciones, en mercado o con ayudas públicas- o pasar las pérdidas a sus acreedores, el famoso ‘bail-in’. Tal y como se hizo en otros recientes y famosos casos, la crisis financiera en Chipre y Bankia, están en nuestro recuerdo.

La decisión de cerrar el grifo es una decisión puramente política, en este caso, el BCE habría vulnerado su independencia al jugar a la política y habría provocado con su decisión, la insolvencia de la banca.

Una vez que los bancos griegos son insolventes: nunca debieron haber recibido el ELA y, nuevamente, el BCE hizo política cuando decidió inyectar una liquidez a sabiendas de que lo hacía con entidades insolventes y por motivos no económicos, sino políticos.

En resumen, el BCE ha actuado como un organismo capaz de tomar decisiones políticas y de poner y quitar gobiernos, bajo un interés particular (el propio de cualquier empresa privada hacia sus accionistas). Demostrando que trabaja sin independencia de los políticos, y siendo incapaz de manejar el conflicto de interés entre las dos funciones que tiene encomendadas, tal y como se específica en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y en los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Por ello, Decide en Común reclama una solución legítima y de justicia ante este abuso en el ejercicio de sus funciones, o en palabras de Alberto Sotillos, "un mayor control democrático sobre el BCE, que ejerce un poder muy fuerte y en contra de sus propias normas, que le obligan a actuar con independencia".