Los directivos cobraron, conjuntamente, una indemnización de 18,9 millones de euros. Julio Fernández Gayoso, que ejerció el poder durante varias décadas en la Caja de Vigo actuó junto al asesor Ricardo Pradas como cooperador al autorizar los nuevos acuerdos para indemnizar con sumas millonarias a sus ejecutivos, "anteponiendo los intereses particulares de los directivos a […]
Dirigentes Digital
| 22 oct 2015
Los directivos cobraron, conjuntamente, una indemnización de 18,9 millones de euros. Julio Fernández Gayoso, que ejerció el poder durante varias décadas en la Caja de Vigo actuó junto al asesor Ricardo Pradas como cooperador al autorizar los nuevos acuerdos para indemnizar con sumas millonarias a sus ejecutivos, "anteponiendo los intereses particulares de los directivos a los de la entidad", según argumentó la Fiscalía Anticorrupción en el juicio, que comenzó en junio.
Por su parte, José Luis Pego llevaba menos de seis años como director cuando recibió por el despido 7,7 millones de euros brutos, equivalentes a su salario fijo (627.000 euros) multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse (12). Javier García de Paredes, exdirector adjunto, se embolsó 5,6 millones por la renuncia a su puesto. El finiquito para el director de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán Laza, fue de 4,8 millones mientras que Óscar Rodríguez Estrada, director de la oficina de integración e histórico colaborador de Gayoso al que le quedaban dos años para jubilarse, percibió 691.000 euros. En total los 18,9 millones de euros de sus finiquitos sumaban casi un tercio del valor que Novacaixagalicia, la caja resultante, tenía tras la primera inyección del rescate público.
Según explican los magistrados en su auto, la entidad valía 181 millones de euros pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron los condenados.
Una cantidad que, en realidad, fue sufragada por el fondo de rescate español, el FROB, "organismo público que posibilitó" que la entidad subsistiera gracias al dinero público inyectado", que ascendió a 1.162 millones de euros.
La sentencia, que es recurrible, les impone también el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos. Al tratarse de una pena inferior o igual a 24 meses, lo más probable es que no lleguen a entrar en prisión.
