El cambio en la economía europea no sólo se notará a nivel financiero sino también a nivel regulatorio. Una de las decisiones más importantes que deberá tomar Londres es si recupera ciertas relaciones a través de acuerdos bilaterales y si mantiene o no relaciones con el Espacio Económico Europeo (EEE). En la actualidad, las empresas […]
Dirigentes Digital
| 22 ago 2016
El cambio en la economía europea no sólo se notará a nivel financiero sino también a nivel regulatorio. Una de las decisiones más importantes que deberá tomar Londres es si recupera ciertas relaciones a través de acuerdos bilaterales y si mantiene o no relaciones con el Espacio Económico Europeo (EEE).
En la actualidad, las empresas británicas del mercado "over the counter", más conocido como OTC o extrabursátil, informan sobre sus operaciones según lo estipulado por la ESMA, a través del Reglamento EMIR (Reglamento de Infraestructuras de Mercado) y de la Directiva MIFID (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros), a la espera de que la MIFID II la sustituya.
Reino Unido tendrá que decidir si continúa emitiendo sus informes conforme a estos dos reglamentos, teniendo en cuenta que la MIFID II se estrenaría el 3 de enero de 2018. O si por el contrario, apuesta por aplicar su propia legislación sobre la información comercial. Se da la paradoja de que Londres ha sido uno de los grandes contribuyentes al desarrollo de esta regulación europea, y podría darse la situación de que abandone los criterios. La obligación una vez se materialice su salida de la UE desaparecería y sólo cabría esperar a la voluntad política para decidir si abandonan también el sistema regulatorio europeo.
Los expertos creen que las regulaciones para Reino Unido en gran medida se quedarán como están, pero será labor de la FCA (Financial Conduct Authority) quien se haga cargo de la elaboración y la aplicación de la misma. Podría realizar cambios que previamente en las negociaciones de la ESMA algunos países europeos hubieran rechazado.
En definitiva, la salida de Reino Unido del club europeo acabaría con su influencia en el desarrollo de las regulaciones de la ESMA. De esta forma, la regulación entre la Unión Europea y Reino Unido podría empezar a divergir considerablemente, ya que serán otros miembros europeos quienes cojan mayor protagonismo en las negociaciones y podrían ser aquellos que no estuvieran de acuerdo con las propuestas que lanzaba Londres en su momento.
Concretamente, uno de los mayores cambios con la regulación nueva, MIFID II, reside en las normas sobre las empresas de terceros países. En el caso de Reino Unido, una vez fuera, sus empresas serían catalogadas como entidades de terceros países, lo que les llevaría a tener que considerar la regulación europea si quieren seguir ofreciendo sus servicios a los residentes en la UE.
Después de los esfuerzos empresariales para ajustarse a los requisitos de la MIFID para la información comercial, dejar de seguir sus parámetros supondría más dolores de cabeza para las entidades británicas. Si se elige el camino de nuevas legislaciones con nuevos sistemas, las empresas tendrán que pensar cómo cumplir con los requisitos de una posible nueva regulación británica.
