Es un órdago a la grande sabiendo que el único que puede convocar un referéndum es "el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados", tal como marca la Constitución en su artículo 92. Mas ha escondido la imposibilidad de la consulta con el argumento falaz de que no hay nada más democrático votar, pero se olvida que también lo es cumplir la ley.
Hasta la argucia legal de intentar sacar adelante la votación popular por la Ley de Consultas amparándose en el Estatut termina en un callejón sin salida. El propio Estatut catalán prohíbe en su artículo 22 los referendos, aludiendo al artículo 149 de la Constitución, en donde el Estado tiene competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum y en el que se añade que "la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado", como es el caso del referéndum, "cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas".
La respuesta del Gobierno
Ante el desafío soberanista, el Gobierno ha aplicado el inmovilismo político de no hacer un ápice y esperar a que Artur Mas moviera ficha para activar la maquinaria constitucional para bloquear la consulta. En el momento de hoy, cuando el president firme el decreto de la consulta para el nueve de noviembre, el Ejecutivo optará por la vía rápida para tumbarla con un recurso al constitucional, tal como ocurrió con el Gobierno de Zapatero con la consulta del Plan Ibarretxe.
El Gobierno pediría hoy mismo un informe al Consejo de Estado de donde saldrá el documento para presentar el recurso al constitucional. Teniendo en cuenta los antecedentes y el pronunciamiento del Consejo de Garantías Estatutarias catalán rechazando el proyecto de ley de consultas al considerar contraria a la Constitución y también al Estatuto de Autonomía catalán, el texto está más que preparado para cuando se lo pida el Gobierno.
El presidente del Gobierno ya ha anunciado que convocará Consejo de Ministro extraordinario el próximo lunes para aprobar el recurso y la solicitud de suspensión de la convocatoria.
Está previsto que el Pleno del Tribunal Constitucional se reúne el mismo lunes para admitirlo a trámite. La admisión supondrá la suspensión de la ley catalana con efecto retroactivo. La consulta de Artur Mas solo estará en vigor y será legal unas pocas horas.
Los precedentes del Constitucional
La deriva que ha tomado Mas tiene un recorrido muy corto. El Tribunal Constitucional ha sido muy contundente en anteriores ocasiones con las pretensiones soberanistas planteadas. Tumbó en 2008 el Plan Ibarretxe. En unas circunstancia parecidas el por entonces lehendakari pretendió establecer una consulta popular sin carácter vinculante sobre la independencia del País Vasco. El Alto Tribunal aludió que el derecho a decidir lo tiene el pueblo español en su conjunto y no solo una parte y que ningún órgano puede convocar un referéndum que atente contra el orden constitucional.
¿Qué hará Artur Mas?
La gran duda que se plantea es que hará Artur Mas con este paso en falso. ¿Desobedecerá al Constitucional y seguirá adelante con la consulta sacando las urnas a la calle el nueve de noviembre o convocará elecciones? Desde el primer momento CiU ha comprometido que la consulta se realizaría dentro de la legalidad. Sería una pantomima, sin ni siquiera valor simbólica, convocar la consulta de manera ilegal sin ningún control ni validez jurídica. Sin olvidar las consecuencias legales de incurrir en un delito al caer en el desacato al actuar en contra de un Tribunal.
El propio Gobierno de Mariano Rajoy no quiere oír que se concrete esta posibilidad. Todos los portavoces suelen ser parcos en explicaciones, "se aplicará la ley". Y la ley dice que si alguna Comunidad Autónoma no cumpliera con la Constitución, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", y esto incluye la suspensión de la autonomía y el uso de la fuerza. Solo el Ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha pronunciado ante este escenario y de manera muy tibia hace unos días.
El acto de convocar una consulta ilegal desataría consecuencias penales por prevaricación. Desde el Ministerio de Justicia no se quieren pronunciar al respecto, pero admiten que se incurriría en delitos cuyo máximo responsable sería el propio Mas y que acarrearían la inhabilitación de su cargo público.
La otra posibilidad es anticipar elecciones en Cataluña para que tengan un carácter plebiscitario. El propio Mas en días recientes ha descartado esta posibilidad de presentar una candidatura conjunta con todas las fuerzas que apoyan la autodeterminación. Pero quién sabe si con el portazo del constitucional volverá retomar la idea que sus socios de gobierno de Esquerra apoyan.
