El cambio de modelo se retrasa

La complejidad de la legislación y las normas técnicas que la acompañan, además del enorme esfuerzo regulatorio antes de co­menzar a operar de manera eficiente bajo la Directiva, ha sido tenida muy en cuenta por la Comisión a la hora de valorar un retraso en su aplicación.

"MiFID II redefine el mundo del ase­soramiento. Pero es un conjunto de normas hipercomplejo, con 900 re­querimientos de los que casi el 40% se relaciona con la protección al inversor y el resto con el trading en distintos tipos de activos", explica Enrique Fer­nández Albarracín, socio de EY Spain Financial Services Legal & Regula­tory Leader.

Las dificultades técnicas son parte de los motivos por los que el Parlamento Europeo ha dado finalmente su brazo a torcer para retrasar un año la nor­ma. Pero también lo es la presión de ciertos sectores financieros, acorrala­dos por un tsunami regulatorio que  ha disparado sus costes en los últimos años. Diversos estudios corroboran que una aplicación estricta de MiFID II reduciría en un 50% los ingresos vinculados al sector del asesoramien­to, la gestión y la banca privada. Al fin y al cabo, y según las estadísticas trimestrales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las gestoras españolas de fondos retroce­den en torno a un 60% de media de los ingresos por comisión de gestión al comercializador.

Es precisamente la retrocesión (el pago de comisiones por parte de las gestoras a los intermediarios) uno de los puntos clave de la norma y que los expertos consideran que podría sufrir variaciones durante el periodo que se retrase. "No creo que se toque nada en la parte de la Directiva que co­rresponde a la protección al inversor, salvo los rebates en la distribución de fondos, con un posible cambio de en­foque", explica Albarracín.

HACIA UN CAMBIO DE MODELO

MiFID II quiere cambiar este mode­lo, obligando a las entidades a especi­ficar qué parte de los costes se lleva el producto y cuál la red de comerciali­zación. En España, la idea es acabar poco a poco con el modelo de distri­bución que impera en el sector, en el que la gran banca se lleva la mejor parte frente a unos clientes que aún piensan en el asesoramiento como un servicio gratuito.

Así al menos lo considera Carlos García Ciriza, presidente de la Aso­ciación Española de Asesoramiento Financiero (Asefi), quien asegura que "la Directiva puede ayudar a dar ese salto definitivo de un mo­delo de distribución a uno de aseso­ramiento en el que se venda menos y se asesore más". La intención es poner fin a los posibles conflictos de interés por los que los comercializa­dores apostasen por recomendar un producto u otro en función del reba­te percibido.

Ciriza recuerda que la normativa no prohíbe las retrocesiones, sino que obliga a las entidades a optar por ofre­cer un servicio de asesoramiento in­dependiente o no independiente (por­que se perciben esos incentivos). Todo para que el cliente sepa claramente a quién destina cada céntimo que paga por contratar un producto financiero.

El modelo no está claro aún. Ni tam­poco el papel que jugará la banca, de la que muchos ponen en duda su capacidad para adaptar su negocio al modelo de asesoramiento inde­pendiente. Antonio Banda, CEO y fundador de Feelcapital, explica que "tenemos los fondos más caros de Eu­ropa, precisamente porque no hay luz en el sector. Cuando empiece a haber­la, los clientes se darán cuenta de que hay fondos, incluso internacionales, con costes muy bajos, que están inten­tando comercializarse a través de los bancos, que quieren seguir llevándo­se retrocesiones. Estas son al final las que mantienen el coste del producto elevado".

Si desea leer el reportaje completo puede hacerlo en la revista DIRIGENTES del mes de enero.