Con los datos ‘cocinados’, término utilizado para referirse al tratamiento de los datos recogidos en las encuestas teniendo en cuenta información anterior y correcciones estadísticas, el PP ganaría las elecciones con un 27,5%, el PSOE lograría un 23,9% y Podemos alcanzaría el tercer puesto con el 22,5%, según las estimaciones del CIS. Respecto al pasado barómetro indica un descenso de más de dos puntos del PP y un ascenso del PSOE de 2,7 puntos. Mientras Podemos crece en 7,2 puntos.
Las encuestas de hace un mes ya anunciaban que Podemos venía lanzado superando por la mínima al PSOE. Y los resultados de la de noviembre van a confirmar el vuelco electoral basado en el hartazgo de la ciudadanía. Tras las tarjetas black y la crisis del ébola, se ha producido un tsunami de casos de corrupción descubiertos: Acebes como imputado por la caja b del PP, Granados al frente de la red Púnica, los registros al hijo de Pujol y compañía y las acusaciones de ocultación de bienes del alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Pero la debacle del bipartidismo no solo afecta al bipartidismo, Podemos también arrasaría por Comunidades Autónomas, entrando como un elefante en una cacharrería en el País Vasco, Galicia y Cataluña mermando a las fuerzas nacionalistas. En Cataluña, según algunas informaciones publicadas en medios locales, la formación de Monedero y Echenique está en disposición de sacar 15 escaños en el Parlament, quedando como segunda fuerza política, por detrás ERC, pero rompiendo la mayoría soberanista.
Un polémico programa político
En las últimas elecciones europeas, Podemos irrumpió con fuerza en el mapa político arrancando cinco escaños y situándose como cuarta fuerza política por encima de UPyD y muy cerca de IU con un programa electoral cargado de promesas difícilmente realizables. Se presentaron con el compromiso de derogar las últimas reformas laborales y de las pensiones y reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, "para distribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar".
También incluían un incremento significativo del salario mínimo interprofesional y de las pensiones mínimas. Además, de limitar los salarios por arriba, para que sean proporcionales con las rentas más bajas.
Una de las posturas más polémicas es no aceptar como legítima toda la deuda del Estado. Para ello promulgan, una auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar cuáles son ilegales y declarar su impago. Entre las medidas que adoptarían sería eliminar la ley de control de déficit "con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores".
