El coste de MiFID II y los análisis de terceros

El informe destaca además la divergencia encontrada entre las entidades consultadas, con fuertes diferencias en los niveles de adaptación de la norma entre la banca de inversión y las gestoras de activos. "La mayoría de los bancos de inversión tienen previsto poner en práctica la mayor parte de sus preparativos para la norma el próximo año", indican.

Uno de los aspectos más polémicos de la normativa, además de la prohibición del cobro de retrocesiones para las entidades que se declaren independientes, es que las gestoras ya no podrán ‘meter’ en costes de gestión los análisis de terceros. Y en este aspecto, Reino Unido ha querido dar un paso adelante frente a sus competidores europeos, a pesar de que el país se prepara para salir de la Unión.

Pero mantener su regulación lo más cercana posible a la de la Unión parece crucial para que las entidades con presencia en el país tengan más facilidades para acceder al mercado único. Así, la Financial Conduct Authority (FCA) ha emitido una propuesta para que las firmas identifiquen por separado lo que se cobra por estos análisis de terceros.
En la Unión Europea, y según una reciente encuesta de EY, un 47% de las entidades aún no tiene claro si su modelo se basará en asumir ese coste o no. La pregunta clave es, ¿lo acabarán repercutiendo a sus clientes?

Lo cierto es que las entidades aún no tienen claro qué modelo seguirán a partir de enero de 2018, cuando la Directiva entre en vigor. En concreto, el 47% de las firmas encuestadas se mostraban aún indecisas, frente al 26% que aseguran que seguirán la regulación dotándose de presupuesto para ese gasto en research, y el 19% que asegura que seguirán cobrando a los clientes, aunque desglosando claramente ese coste de ejecución y análisis para que el inversor sea consciente de ello. Un 8% se mostraba favorable a trasladar ese coste solo para cierto tipo de análisis.

Algunas firmas como Woodford Investment Management ya han confirmado que pagarán los análisis de terceros de su propio bolsillo. Según los expertos, esta sería la opción que finalmente se imponga para la mayoría.

El objetivo de MiFID II es evitar conflictos de interés en beneficio del cliente final. En un reciente análisis, Mike Mayhew, experto de la firma Integrity Research Associates, explica que fondos de pensiones, aseguradoras e inversores minoristas serán los más beneficiados por esta parte de la norma. "Tanto la FCA como ESMA argumentan que los dueños de los activos han estado pagando comisiones elevadas por análisis externos empleados por los gestores, porque esas comisiones no se han gestionado eficientemente al no estar gastando su propio dinero", indica el experto.

Sin embargo, Mayhew advierte que la exigencia de la norma para que los gestores de activos paguen de su propio bolsillo estos análisis externos podría traer aparejado un incremento en las comisiones de gestión.