El banco de inversión estadounidense ha emitido un duro informe sobre el estado de las pensiones en los países de la OCDE, en el que proyecta la evolución demográfica de la población y los gastos asociados. España forma parte de los países con mayores problemas para sostener el sistema público de pensiones, junto a Alemania, Francia e Italia.
Según el informe, el gasto público pasará de suponer el 10% del PIB al 14% en 2050. Los expertos creen que si se contabilizara la deuda futura, que ya está comprometida en este período, la deuda supondría más del 300% del PIB.
El pago de las pensiones es el mayor cargo que soporta el Estados. En los presupuestos de 2016, de cada cien euros, 38,5 euros se destinan a financiar esta partida. Está prevista una dotación de 135.448,93 millones de euros, que supone casi 6.000 millones más que en 2015. Año tras año, a pesar de la crisis, el gasto en pensiones ha ido creciendo en la última década pese a que los últimos años han estado marcados por la austeridad de las cuentas públicas.
En la última década, la partida presupuestaria destinada a este capítulo ha aumentado en casi 44.000 millones de euros, pasando de los 91.458 millones previstos en las cuentas de 2007 a los 135.448 estimados para 2016, principalmente motivado por el envejecimiento de la población.
Prácticamente supone el 10% del PIB. En la última comparativa de gastos por pensiones de la OCDE, España se situaba muy por encima de la media del conjunto de países desarrollados, situado el gasto en el 7,9%. El país se encuentra entre los diez países con mayor gasto por pensiones públicas solo por detrás de Italia, Grecia, Francia, Austria, Portugal, Eslovenia, Polonia y Alemania.
El aumento del gasto no ha parado de crecer y eso que en los dos últimos años se ha tocado dos veces en profundidad el sistema. Primero con la extensión de la edad de jubilación, que ha pasado de 65 a 67 años, de forma progresiva, y luego con la desvinculación de la revalorización anual al IPC. Las reformas se centraron en reducir el gasto con un aumento en el número de años para calcular la pensión, una caída del peso en la pensión de cada año cotizado y la prolongación de la vida laboral. Las medidas están teniendo efecto en una reducción medida de la cuantía de las pensiones, pero no se comenzará a observar a medio plazo en el gasto total. Además, se corre el riesgo que el envejecimiento de la población no compense el ahorro que supone el recorte individual en las pensiones.
