"Se han cumplido 90 días desde la publicación en el BOE de la prórroga del PAE y el Gobierno en funciones no cumple con su obligación de informar a las organizaciones sindicales y empresariales, sin que éstas puedan evaluar los resultados de dicho programa ante la falta de información por parte del Ejecutivo. Todo ello en un contexto en el que, desde abril, la tasa de cobertura sigue cayendo y se sitúa actualmente por debajo del 53%", reza el comunicado difundido por UGT.

La Unión General de Trabajadores denuncia que entre 2010 y 2016, el presupuesto en prestaciones por desempleo se ha reducido casi un 37%, mientras el desempleo no ha sufrido grandes variaciones. Además, entre 2014 y 2015, el Gobierno se ahorró 8.600 millones de euros en prestaciones, en un periodo en el que la tasa de cobertura descendió más de 6 puntos.

Para el sindicato, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 deben ser responsables con los trabajadores y adecuar las partidas presupuestarias y su ejecución a las necesidades reales de las familias. Las partidas de gasto en prestaciones por desempleo deben ejecutarse, garantizando la protección de las personas en paro.

En este sentido, UGT ha denunciado reiteradamente que el criterio que se utiliza para reducir el gasto en prestaciones es puramente económico, y el Gobierno ha realizado el presupuesto ajustando según una previsible reducción del número de "beneficiarios, pero este descenso de beneficiarios no es consecuencia del menor número de desempleados, sino del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, al agotamiento de los periodos de prestación por la extensión del paro y al descenso de las cuantías recibidas".

El sindicato considera que estas políticas están aumentando los niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, los altos niveles de desempleo y precariedad están provocando una reducción de las rentas: desde 2010, los hogares han perdido un 12% de su renta y, en la actualidad, el 28,6% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 2,5 puntos por encima que hace seis años.