El incierto futuro de las Sicavs

La idea de los partidos es modificar la regulación para, en definitiva, acabar con esa percepción, para muchos infundada, de que las Sicavs son vehículos solo aptos para los altos patrimonios. Una de las últimas firmas en pronunciarse sobre esta preocupación en el sector ha sido azValor que en su último Conferencia Anual ante inversores celebrada esta semana en Madrid, explicaban cómo uno de sus planes fundamentales para este año es, precisamente, potenciar su base de clientes institucionales e internacionales a través de su sicav luxemburguesa, que actualmente gestiona 267 millones de euros replicando el fondo azValor Internacional. Del mismo modo, están en fase de registrar en domicilio luxemburgués el azValor Blue Chips que acaban de lanzar al mercado. “Todo el mundo está en contra de las Sicavs, pero nos parece que tener una Institucion de Inversión Colectiva (IIC) listada en el MAB es una idea muy interesante para que todo el mundo pueda acceder a ellas”, explican desde la firma. En una reciente entrevista con FUNDS&MARKETS, José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, también hablaba del futuro de su buque insignia Torrenova, justo después de que se alcanzase un acuerdo para la formación de Gobierno en España. “Las Sicav tienen una legislación que las ampara y que sigue vigente. Todo apunta a que habrá novedades, pero estaremos preparados para asumirlas cuando lleguen”, explicaba algo resignado ante los cambios que se avecinan. Aún así, el director se mostraba confiado al asegurar que “siempre hay alternativas”. “Creo que es un magnífico vehículo de inversión, y pese a lo que se piensa, no es exclusivo para los grandes patrimonios. Torrenova, por ejemplo, permite inversiones desde 1.000 euros. Es cierto que algunos clientes han mostrado interés, pero creemos que no hay que preocuparse, y si viene algún cambio lo asumiremos y trabajaremos sobre ello”, explica. En realidad, lo que más preocupa en el sector es la polémica propuesta para exigir a cada inversor una participación mínima del 0,55% para que para contar dentro del cómputo de los 100 accionistas mínimos necesarios en una Institución de Inversión Colectiva. La principal crítica de los políticos radica en que para formar una Sicav, se exigen 100 partícipes y así poder tributar al 1%. Pero en la práctica, se considera que esos partícipes son meros “mariachis” sin capacidad de influir en las decisiones de gestión, constituyéndose el vehículo para familias y grandes patrimonios. Con la norma del 0,55%, solo contarán dentro de esos 100 accionistas aquellos que controlen ese porcentaje. Es decir, un partícipe solo podrá controlar como mucho el 45,55% del capital, limitando su capacidad de control. Desde Inverco coinciden en que el futuro de las Sicavs estará ligado directamente a la regulación, criticando que en ningún otro mercado, salvo en Portugal, las autoridades exigen ese número mínimo de accionistas, y explicando que el carácter de IIC se lo da su accesibilidad, no el número de inversores con el que cuente. “Actualmente, quien quiera puede acceder al 95% de las Sicavs comprando una acción por menos de 20 euros”, recordaba recientemente Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Del mismo modo, insistía en que estos vehículos “cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y cualquier persona puede comprar sus acciones. No son instrumentos cerrados ni están acotados para un determinado tipo de inversores”. Es el mensaje que desde hace años lanza frente a quienes han demonizado estos instrumentos por su fiscalidad y por considerarlos un mecanismo de evasión de impuestos de las grandes fortunas.