Conceder el tercer grado, o no, es competencia exclusiva del Gobierno y puede ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria, que es quien puede decidir a posteriori si la mantiene. La fiscalía, por su parte, sigue sopesando si la recurre, ya que todavía está dentro del plazo legal para hacerlo. El […]
Dirigentes Digital
| 04 nov 2014
Conceder el tercer grado, o no, es competencia exclusiva del Gobierno y puede ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria, que es quien puede decidir a posteriori si la mantiene. La fiscalía, por su parte, sigue sopesando si la recurre, ya que todavía está dentro del plazo legal para hacerlo.
El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha solicitado al fiscal que recurra esta decisión. El diputado ha declarado que considera inaceptable que, "con todos los casos de corrupción que se están destapando en estos momentos", el Ejecutivo haya concedido "un indulto encubierto" a Matas que le ha permitido salir de prisión, "cuando no ha cumplido ni tres meses de su condena y cuando le esperan otros muchos procesos de corrupción".
Por ello, el PSOE ha solicitado además una comparecencia urgente del ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados para que explique las razones de tan polémica decisión.
Al parecer, para otorgar el tercer grado, la Secretaría General tuvo en cuenta que Matas ya ha cumplido más de la tercera parte de sus nueve meses de condena por un delito de tráfico de influencias en el primer juicio del caso Palma Arena. Otro de los factores que ha podido considerar es que solo está penado por esta causa, la escasa duración de la condena, la buena conducta observada en prisión, que se presentó voluntariamente para cumplir condena y que tiene la posibilidad de trabajar en el exterior. El tercer grado implica que el ex ministro tiene que dormir en un centro de inserción social, pero puede salir los fines de semana.
El ex presidente balear lleva en prisión desde el pasado 27 de julio, cuando ingresó en la cárcel de Segovia para cumplir una condena firme de nueve meses por un delito de tráfico de influencias por los contratos ilegales a su redactor de discursos, Antonio Alemany, también condenado. Esta sentencia corresponde al caso Palma Arena, sobre hechos relativos a su último mandato autonómico balear, entre 2003 y 2007.
