La sala de lo Penal ha aceptado así la división de la causa promovida por el fiscal contra el criterio de la jueza instructora Mercedes Alaya. El tribunal así se centra en la responsabilidad penal de los aforados nacionales en la exposición elevada por Alaya a la Sala, aunque la resolución de apertura de la […]
Dirigentes Digital
| 13 nov 2014
La sala de lo Penal ha aceptado así la división de la causa promovida por el fiscal contra el criterio de la jueza instructora Mercedes Alaya. El tribunal así se centra en la responsabilidad penal de los aforados nacionales en la exposición elevada por Alaya a la Sala, aunque la resolución de apertura de la causa deja abierta la puerta a incluir a otros imputados si el instructor, Alberto Jorge, lo considerase necesario en el futuro.
En un auto en el que se declaraba competente para investigar los hechos, el Tribunal ha apuntado que que los indicios sobre la participación de los cinco aforados derivan de su "posición de alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder".
El fraude investigado, uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años, se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
En agosto, la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso en Andalucía, envió un escrito al Tribunal Supremo sobre los aforados ligados al caso para que fuera esta institución la que se ocupara del tema. Dado que la magistrada no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Con este movimiento, la magistrada pierde parte de la instrucción del caso.
Durante la instrucción del mismo, la implacable jueza Alaya ha imputado a unas 200 personas, entre ellos una veintena de dirigentes y exdirigentes públicos de la Junta de Andalucía, así como la exministra socialista Magdalena Álvarez, por un fraude con subvenciones públicas que se habría producido desde el año 2000.
