La prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado y la ausencia de nuevas medidas pueden complicar la evolución de la economía española en los próximos meses, en la medida en que se prevé una nueva desviación del déficit y se van confirmando los síntomas de desaceleración. La ralentización procederá de la demanda nacional, sobre […]
Dirigentes Digital
| 20 sep 2016
La prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado y la ausencia de nuevas medidas pueden complicar la evolución de la economía española en los próximos meses, en la medida en que se prevé una nueva desviación del déficit y se van confirmando los síntomas de desaceleración.
La ralentización procederá de la demanda nacional, sobre todo, del consumo de los hogares y de las administraciones públicas. El crecimiento del consumo privado perderá fuerza por la desaceleración que ya ha comenzado a notarse en la creación de empleo, por el estancamiento de los salarios y por el agotamiento del impacto de los recortes en materia de IRPF. Además, la renta disponible de los hogares podría verse afectada en caso de un repunte del precio del petróleo.
El consumo público tendrá una evolución moderada debido al fin del ciclo electoral y la necesidad de reducir el déficit. La posible prórroga de los Presupuestos, como consecuencia de la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para formar un gobierno, provocaría la congelación de algunas partidas de gasto.
En un entorno internacional con nuevas turbulencias, la desaceleración responde también a factores externos. El crecimiento de las exportaciones, motor esencial de la recuperación económica, podría acusar el debilitamiento de las economías emergentes así como los efectos directos e indirectos del Brexit.
La pauta prevista para el crecimiento económico se reflejará en el mercado laboral. Funcas estima que en 2016 el empleo crecerá en torno al 2,6%. Para 2017 lo hará a un ritmo menor, del 2%. La tasa de paro, aunque en disminución, seguirá en un nivel elevado, casi el doble que en la zona euro.
La parálisis en materia de política económica conduce a prever un déficit del 3,6% del PIB en 2017, es decir, una desviación de medio punto respecto a los nuevos objetivos, que son el 4,6% en 2016, el 3,1% en 2017 y el 2,2% en 2018, según el acuerdo con la Comisión Europea. La previsión ya incluye las medidas anunciadas sobre el calendario de los pagos del Impuesto de Sociedades. Para este año, Funcas también ha revisado sustancialmente al alza las previsiones de déficit de las administraciones públicas. Ahora estima que alcance el 4,6% del PIB, es decir, 0,8 puntos por encima de lo esperado inicialmente.
Estas previsiones se han realizado bajo dos supuestos de política macroeconómica: unas condiciones monetarias sin cambios y un esfuerzo en materia presupuestaria para mejorar el cumplimiento de los objetivos de déficit público pese a la compleja situación política y la falta de Gobierno.
Para este año Funcas ha mejorado una décima su estimación de crecimiento del PIB, hasta el 3,1%, prácticamente el doble del conjunto de la zona euro, que crecerá el 1,6%. No obstante, la confirmación de las señales de debilitamiento registradas en los últimos meses llevará a una desaceleración en 2017, con un crecimiento estimado del 2,3%, sin cambios respecto a la anterior previsión y medio punto más que en la zona euro.
La CEOE, en la misma línea
La CEOE ha destacado que se estaban agotando los factores que hasta ahora han impulsado la economía española. "Estos factores son la inflación en tasas negativas, la reforma fiscal, los tipos de interés en mínimos históricos y la mejora de las condiciones de acceso a la financiación", ha informado en un comunicado.
Con un gobierno en funciones desde hace nueve meses, los economistas de ambas organizaciones consideran que la parálisis política en España que impide la formación de un nuevo Ejecutivo podría tener un impacto en la senda de consolidación fiscal de España, ha advertido.
La CEOE ya ha advertido anteriormente de que para el próximo año existen riesgos por las posibles políticas presupuestarias contrarias a la consolidación fiscal y un posible frenazo en las reformas estructurales emprendidas, en un panorama político de difícil gobernabilidad. "Cumplir con los objetivos de consolidación fiscal es, junto con la reducción del desempleo, una prioridad", ha remarcado la CEOE.
