El lavado de cara en el Ministerio de Fomento, tras la salida de Ana Pastor para presidir el Congreso y la entrada de Íñigo de la Serna, ha marcado también un punto de inflexión en lo que a líneas estratégicas se refiere de cara a la nueva legislatura. Consciente de que el Gobierno está en minoría en la cámara, y haciendo del diálogo su bandera, el actual ministro pidió en la presentación de la hoja de ruta de Fomento para estos cuatro años un gran Pacto de Estado por las infraestructuras y el transporte. El objetivo de este llamamiento es garantizar la aprobación de medidas y políticas a nivel nacional con la participación de todos los interlocutores sociales: grupos políticos, instituciones competentes, el sector de las infraestructuras y transportes y la sociedad civil. De la Serna confirmó además que esta iniciativa, con miras a concretar la Red de Transporte de Interés General del país, ya ha sido presentada al Gobierno por la Comisión de Fomento a través de una Proposición No de Ley. En su comparecencia, el ministro también abordó cuestiones generales como la necesidad de impulsar la cohesión social, la integración con Europa, la competitividad empresarial de los sectores relacionados y la sostenibilidad medioambiental. La política de gestión urbana también promete ofrecer novedades de cara a 2017, con la vivienda como pilar central de las medidas. La semana pasada tuvo lugar la Conferencia Sectorial de la Vivienda, en la que el ministro presentó el Plan de Vivienda 2018-2021, que incluye una línea de financiación específica para los afectados por los desahucios y los colectivos más vulnerables. La agenda digital es otro de los objetivos más ambiciosos para Fomento en 2016, con medidas concretas que incluyen la extensión del wifi, dar al ciudadano información útil antes y durante su viaje o la gestión inteligente del tráfico. “El ministerio no sólo tiene que implantar las tecnologías de la información, sino que tiene que ser el impulsor de la I+D+i en el sector”, señaló Íñigo de la Serna. Pero las novedades no son suficientes para superar a los quebraderos de cabeza con los que el nuevo ministro tendrá que lidiar en 2017:
- La quiebra de las radiales: El descalabro de las autopistas de peaje es quizás el problema más importante al que tendrá que hacer frente el ministerio en el próximo año. La quiebra de hasta ocho radiales en los últimos dos años y la obligación del Estado de asumir las pérdidas de estas infraestructuras exigirá a Fomento pagar una cantidad de entre 5.000 y 2.000 millones de euros a los acreedores bancarios de las concesionarias. Además, el Estado tendrá que nacionalizar las rutas y hacerse cargo de ellas conforme salga la liquidación judicial de cada una. El dinero público será compensado con las ganancias que aporten dichas autopistas, que seguirán en uso, según a informado el ministerio. El reto será rentabilizar estas inversiones hasta ahora ineficientes de cara a los próximos años.
- El rescate del AVE a Francia: El departamento liderado por Íñigo de la Serna también tendrá que hacer frente a la quiebra de la concesionaria encargada de la construcción del túnel de Pertús, que conecta España y Francia por AVE bajo los Pirineos. La compañía TP Ferro, formada conjuntamente por ACS y la francesa Eiffage, presentó un concurso de acreedores con una deuda de 557 millones. Tras el varapalo, tanto los gobiernos de España como de Francia asumieron la infraestructura por medio de una sociedad conjunta entre Adif y su homólogo francés SNCF-Réseau. Ahora las concesionarias reclaman al Estado una cifra cercana a los 500 millones como indemnización por los bajos rendimientos de la inversión. Por su parte, el Ministerio de Fomento ya ha anunciado que no pretende indemnizar a las constructoras porque la rescisión del contrato fue fruto de un “incumplimiento”. Tanto ACS como Eiffage han emprendido tres arbitrajes internacionales, el último pendiente de resolución, reclamando distintas cantidades a los gobiernos titulares.
- El corredor del mediterráneo: Las obras para construir la infraestructura que unirá Algeciras y la frontera francesa con vías de ancho internacional llevna estancadas más de cinco años y nada garantiza que vayan a estar terminadas para 2025. La ruta conectará comunidades clave y hasta ahora mal comunicadas como Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Los retrasos en las obras y la mala gestión de los presupuestos han llevado a la paralización de los trabajos en gran parte de los tramos. Desde el Congreso ya se ha pedido prioridad para este proyecto, que supone una red estratégica con Europa. El ministerio se ha comprometido a nombrar a un coordinador que sirva como interlocutor entre Adif y las autonomías y a finalizar el tramo Valencia-Sagunt, uno de los más conflictivos, para el primer trimestre de 2017.
- El AVE a la Meca: El proyecto español más emblemático, la construcción de las infraestructuras y posterior explotación del AVE que unirá las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí, acumula varios meses de turbulencias tras constatar la imposibilidad de finalizar el proyecto este año. El consorcio español está formado por empresas privadas (OHL, ACS o Talgo) y públicas (Renfe, Ineco y Adif), con lo que Fomento ha sido el encargado de negociar las prórrogas y los sobrecostes con el Gobierno saudí. El pasado noviembre se llegó a un acuerdo provisional que contempla el final de las obras para marzo de 2018 y unos sobrecostes de 151 millones de euros, sin penalización por la prórroga. Sin embargo, no todos los socios en el consorcio están satisfechos con el trato, y menos aún cuando los sobrecostes se habían estimado en torno a los 1.000 millones.
