El proyecto de ley, que irá al Parlamento en abril y debe ser aprobado antes de julio, sustituye a una Directiva de 1991, época en la que Internet y los teléfonos móviles, cómo ahora los conocemos, apenas existían.

"Nos enfrentamos a una amenaza terrorista sin precedentes ", comentó el primer ministro Manuel Valls en rueda de prensa, y añadió: "Debemos proteger contra el espionaje, espionaje industrial, y el crimen organizado. Los servicios de inteligencia son una prioridad para este gobierno".

La nueva ley establece normas sobre cómo los investigadores pueden utilizar las líneas de teléfonos, localizar a personas a través de sus terminales, interceptar correos electrónicos, tomar fotografías en secreto e incluso, entrar en un domicilio particular y poner micrófonos. Además, a raíz de los ataques terroristas que tuvieron lugar en París este mes de enero, el gobierno ha confirmado que contratará a 2.680 personas en los próximos tres años, para ampliar sus servicios de inteligencia.

Gracias a esta ley, el país galo también creará nuevas actividades de vigilancia independientes al cuerpo que el Estado supervisa, y por primera vez, da al tribunal administrativo superior de Francia la facultad de ordenar el fin de la vigilancia.

"Francia es una de las pocas democracias que no tienen una ley marco para todos sus servicios de inteligencia", dijo Valls. "El Gobierno quiere poner fin a esta situación anormal".

Según informa Bloomberg, el primer ministro insistió en que la ley no es una versión francesa de la "Patriot Act" de Estados Unidos y que toda la vigilancia sería aprobada y supervisada por autoridades independientes. "No habrá vigilancia masiva", afirmó.

Entre la seguridad y la censura

No todos los franceses dan credibilidad a estas palabras de Valls, ya que con las nuevas medidas, el país ejercerá un férreo control sobre Internet, lo que quiere decir que tiene por delante un gran reto, no sobrepasar la delgada línea que existe entre la seguridad y la censura.

El terrorismo es una clara amenaza para el mundo occidental (también a través de Internet) y hay que luchar por acabar con ella. Sin embargo, para acceder a las conversaciones online que mantienen los extremistas, propósito de muchos Estados, es necesario acceder primero a todas las conversaciones que se dan en este marco, lo que supondría que absolutamente todo lo que se escriba tanto en redes sociales como aplicaciones de mensajería sería accesible o público, al menos para la policía o los gobiernos.

Cada día se envían unos 30.000 millones de Whatsapp, una aplicación que se utiliza, precisamente, por su carácter privado. Sí este desaparece, ¿Qué herramienta se puede utilizar para mantener una conversación privada a distancia? Por mucho que lo meditemos, la respuesta es, ninguna.

Internet debe mantenerse como un espacio de expresión pero dentro del respeto de las leyes. Es decir, el control de Internet es bueno y más en un marco como este, pero respetando unos ciertos límites que eviten caer en la censura y atenten contra la libertad de expresión de los ciudadanos.