Uno de los ‘lastres’ que llevó a España a la crisis fue la alta tasa de corrupción en la esfera de las administraciones públicas. En cambio, otros de los lastres que sobrelleva el país es la economía sumergida y los diferentes delitos fiscales que se comenten en la región. Por ello, destaca especialmente que el […]
Dirigentes Digital
| 08 oct 2015
Uno de los ‘lastres’ que llevó a España a la crisis fue la alta tasa de corrupción en la esfera de las administraciones públicas. En cambio, otros de los lastres que sobrelleva el país es la economía sumergida y los diferentes delitos fiscales que se comenten en la región. Por ello, destaca especialmente que el registro de este tipo de delitos haya caído un 47% en la última década. ¿Significa esto que ha no se comenten tantos delitos?
Para responder a esta cuestión, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), señala que este descenso se debe a "la limitación de competencias para investigar delitos, pues de acuerdo a una resolución interna de la Agencia Tributaria (AEAT), dejan de tener control sobre los casos de especial dificultad `sobrevenida’, es decir, cuando el técnico descubre una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal".
Según desta el organismo, esto significa que "el expediente pasa a manos de un cargo superior que no ha formado parte de la investigación, con el consiguiente retraso de los procesos y el riego de prescripción de los expedientes".
En la actualidad, la AEAT ordena realizar sólo investigaciones parciales, es decir, de un hecho puntual, lo que dificulta el descubrimiento de fraudes superiores a 120.000 euros, la cantidad mínima que configura el delito fiscal, añaden.
De ahí que "la AEAT tramitara únicamente 391 expedientes de denuncia por esta causa, frente a los 740 expedientes de 2004 y muy lejos del récord de 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011".
Amnistía fiscal
Gestha también atribuye este descenso a la amnistía fiscal de 2012, que permitió "que una parte de aquellos 31.000 contribuyentes que temían incurrir en delito fiscal pudiesen regularizar su situación pagando un 10% del capital aflorado, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos".
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "estos datos evidencian una vez más cómo la Agencia Tributaria en lugar de centrar sus investigaciones contra el fraude más complejo y sofisticado de las grandes empresas y fortunas, sigue prefiriendo investigar las irregularidades y fraudes más fáciles de descubrir cometidos por autónomos, pymes y particulares".
