Gas Natural debe “asumir sus responsabilidades”

“El Gobierno quiere reiterar que la medida de la Superintendencia es de carácter preventivo y dará tiempo para encontrar una solución que responda a la necesidad de los habitantes de la Costa Atlántica en materia de energía eléctrica, y así mismo para que la empresa asuma sus responsabilidades de operación, inversiones y pagos a los generadores de energía”, ha indicado la Cancillería en un comunicado. El Gobierno de Santos ha indicado que “reitera su voluntad con el Gobierno de España de seguir buscando una salida de mutuo beneficio que satisfaga a los dos países, pensando tanto en la seguridad de la inversión extranjera como en la prestación óptima de los servicios a los ciudadanos”. Igualmente ha destacado que la toma de bienes, haberes y negocios de Electricaribe ha sido “necesaria dada la inminente situación de cesación de pagos” por parte de esa compañía, pero ha recordado que el “proceso no afecta de ninguna manera la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en Colombia”. La intervención en la compañía se produjo el pasado martes después de no alcanzar un acuerdo con la directiva de Gas Natural Fenosa para estabilizar la situación financiera. La compañía española que es dueña de Electricaribe con un 85% del capital y tiene que hacer una millonaria inversión en la empresa para capitalizarla con el fin de que cubriera el pago de sus obligaciones financieras y prestara un mejor servicio. Isidro Fainé, nuevo presidente de la gasista, también acudió con la comisión negociadora a Colombia, pero no consiguió paralizar la intervención. La compañía española ha enviado un hecho relevante a la CNMV en el que explica que “Gas Natural Fenosa ha mostrado su total interés en cooperar y colaborar con las autoridades de la República de Colombia, tanto en el pasado como ahora de cara al futuro”. Para Gas Natural, las fuertes tensiones de tesorería que experimenta la compañía en Colombia se deben al impago de un elevado número de facturas de clientes en gran parte con suministro obligatorio, que a finales del tercer trimestre de 2016, de acuerdo con los estados financieros auditados de Electrificadora del Caribe, ascendían a un importe de 4.052.080 millones (1.260 millones de euros) y está provisionado en aproximadamente un 83%, así como adicionalmente a la existencia de un importante fraude en el consumo.