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Google declara como imputado por espionaje en España

Son difíciles de ver pero existen. Los coches de Google periódicamente salen a las calles con su antena para actualizar las imágenes del famoso Street View, la aplicación que permite a través de Internet recorrer de manera virtual los rincones más recónditos de las ciudades. Los carismáticos vehículos no solo toman fotografías, también ‘espían’ las […]

Dirigentes Digital

11 sep 2014

Son difíciles de ver pero existen. Los coches de Google periódicamente salen a las calles con su antena para actualizar las imágenes del famoso Street View, la aplicación que permite a través de Internet recorrer de manera virtual los rincones más recónditos de las ciudades. Los carismáticos vehículos no solo toman fotografías, también ‘espían’ las redes Wi-Fi que encuentran por su camino, por lo menos para la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA)  que denunció al rey de los buscadores en España en 2010 a raíz de que otros países dieran la voz de alarma ante la posibilidad de que los coche vulneraran la privacidad de los ciudadanos.
 
Ahora después de cuatro años, Google España se sentará en el banquillo de los acusados en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid  el próximo 22 de septiembre. La jueza Raquel Fernandino ha citado para declarar al representante legal  de la compañía que sería el máximo cargo de la filial en España el director general, Javier Rodríguez Zapatero. Desde la compañía han explicado a DIRIGENTES que todavía no tiene decidido quien acudirá a declarar.
 
El denunciante, Miguel Ángel Gallardo es un criminólogo e ingeniero especializado en seguridad informática-telemática y criptografía y presidente APEDANICA, acusa a la compañía estadounidense de "interceptar y almacenar sistemáticamente el contenido de las comunicaciones" a través de los vehículos de Street View. Entre las pruebas que presentó para abrir diligencias se encontraban varios correos electrónicos entre funcionarios de la Xunta de Galicia y de la Universidad de A Coruña que fueron recopilados mientras se tomaban las imágenes de la ciudad.
 
DIRIGENTES se ha puesto en contacto con la compañía para preguntar por el tratamiento de la información privada recopilada y se han remitido a los comunicados oficiales de ese momento. Google reconoció que se había producido un error durante la puesta en marcha del Street View ocasionando la captación involuntaria  de información privada de la red Wi-Fi. "Tan pronto como descubrimos nuestro error, no sólo dejamos de recoger datos Wi-Fi por completo, pero también retiramos nuestra flota de coches a nivel mundial para darnos tiempo para eliminar el equipo de escaneo Wi-Fi", reza en un comunicado del blog de la empresa, fechado en julio de 2010.
 
Google explicó que rastreaba las conexiones inalámbricas abiertas a Internet para  construir nuevos servicios y mejorar los existentes. "Desde el mismo momento que descubrimos el error colaboramos estrechamente con las agencias de protección de datos y las entidades jurídicas pertinentes", han señalado.
 
El Street View ha estado rodeado de polémica desde su estreno en 2007 en Estados Unidos. En los más de 30 países que existe el debate sobre si las imágenes que utiliza vulneran la intimidad de los ciudadanos está abierto. Pero la alarma surgió cuando en Alemania advirtieron que los vehículos empleados para su desarrollo captaban datos privados. En casi todos los países la compañía ha tenido disputas legales. Francia la multó con 100.000 euros por este motivo y en España, después de la denuncia de Miguel Ángel Gallardo, la Agencia de Protección de Datos española abrió un expediente sancionador que se encuentra paralizado hasta que avance el juicio.
 
El documento recoge que Google recopiló 13 gigas de información de manera ilegal por la cual puede ser sancionado con dos faltas graves y tres muy graves. La multa de la Agencia de Protección de Datos podría aproximarse a los dos millones de euros. Y en Estados Unidos acaba de pagar 7 millones de dólares a la justicia para cerrar una investigación por causas similares.
 
A Miguel Ángel Gallardo se le ha unido a la causa el juez Elpido Silva, en estos momentos en excedencia, dirigirá la acusación. La jueza ha fijado una fianza de 3.000 euros a los querellantes para proseguir con el caso. 
 

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