Guerra de precios en el sector público

Asistimos a un cambio de enfoque en los criterios de valoración que las administraciones públicas utilizan para adjudicar los servicios que licitan, dando una mayor importancia al factor precio. Las administraciones regulan la contratación de sus servicios a través de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece tanto criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas o comparativa directa entre cifras (precio, meses de garantía, horas ofertadas, plazo de ejecución…), como criterios dependientes de un juicio de valor (metodología de ejecución, descripción de la solución técnica, propuesta de documentación a generar y entregar…) La ley establece que los primeros deben sumar, en conjunto, un peso superior. Los criterios de valoración se convierten, por tanto, en el único elemento de medida y comparación que será utilizado para determinar la puntuación otorgada a las ofertas. Dentro de ellos, el precio es el instrumento de comparación más objetivo entre los diferentes licitantes. No puede existir mayor transparencia que otorgar la concesión al proveedor con la oferta más económica. Es evidente que los objetivos de transparencia, control presupuestario o igualdad de oportunidades entre las empresas se cumplen con este cambio de tendencia. Pero basar gran parte de la decisión en el criterio precio trae también consigo algunas desventajas, tales como la imposibilidad de que los licitantes muestren todas sus capacidades para la prestación del servicio, la relación directa entre reducción de precio y reducción de salarios del equipo, la incorporación de profesionales con baja cualificación o la frustración que supone el haber prestado un buen servicio durante años sin que ello se pueda tener en cuenta en la decisión final. Es más, empresas que durante años han prestado un servicio de calidad a un determinado organismo parten, en cierto modo, en inferioridad de condiciones frente a competidores que desconocen los detalles del servicio y que realizan descuentos bajo premisas que no se ajustan a la realidad. La Administración se convierte en el único sector en el que haber prestado un buen servicio no tiene, a menudo, recompensa alguna. Por su parte, los profesionales que durante años han llevado a cabo una buena labor corren el peligro de perder su puesto de trabajo. Además, en ocasiones, las empresas que desplazan con sus políticas de dumping a los prestadores del servicio contratan a los mismos profesionales que ya trabajaban para el organismo, pero con salarios mucho menores, fomentándose la precarización del trabajo. Finalmente, no hay duda de que la primera consecuencia de un cambio de proveedor basado en el precio suele ser la pérdida de calidad en la prestación. Analizado lo anterior, cabe preguntarse si ese teórico ahorro económico merece la pena. ¿En cuánto se valora el conocimiento o el buen servicio? ¿No se han de tener en cuenta los costes asociados a la fuga de conocimiento y a la pérdida de calidad? Imaginemos que un servicio se compone de diez tareas y únicamente se completan siete. En este caso, ya habría un coste asociado del 30%, quizá mayor que el ahorro producido derivado de la oferta económica. En el caso en que esas tres tareas se completen pero en un mayor tiempo, esos meses deberían ser considerados tiempo perdido. Este coste de oportunidad debería igualmente ser tenido en cuenta. El Sector Público cuenta con los medios apropiados para revertir esta situación de desventaja frente a otros sectores. Renunciar a los mejores profesionales únicamente comportará desventajas, pérdida de pujanza y atraso. Todo ello merece una reflexión profunda que debe ser llevada a cabo antes de que se alcance un punto de no retorno. Ricardo Pérez Jiménez, responsable de Sector Público, Sanidad y Educación en Neoris