No ha podido ser. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frustrado los deseos del titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca José Castro de seguir instruyendo Palma Arena tras jubilarse. La Comisión Permanente del Consejo ha rechazado la solicitud del juez para seguir instruyendo el caso ‘Palma Arena’. La jubilación está […]
Dirigentes Digital
| 11 mar 2015
No ha podido ser. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frustrado los deseos del titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca José Castro de seguir instruyendo Palma Arena tras jubilarse. La Comisión Permanente del Consejo ha rechazado la solicitud del juez para seguir instruyendo el caso ‘Palma Arena’.
La jubilación está prevista para el próximo mes de diciembre, cuando el magistrado cumplirá 70 años. El CGPJ considera que la petición de Castro no se adecúa al Reglamento de la Carrera Judicial.
Recordamos que el juez Castro instruye el caso de corrupción Palma Arena y también sentará a la infanta Cristina de Borbón en el banquillo. Castro había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares su nombramiento como magistrado emérito, lo que le permitiría continuar trabajando tras su jubilación.
La jubilación, en este caso, prevalece sobre la posibilidad de que los magistrados continúen ejerciendo hasta los 75 años en calidad de "eméritos", según contempla el CGPJ, que ahora niega esta petición al magistrado.
Y es que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales pueda haber magistrados suplentes "no integrantes de la carrera judicial", mayores de 70 años y que serán considerados como magistrados eméritos.
El caso Palma Arena instruido por Castro es uno de los más importantes en España en el que se han visto implicados varios cargos políticos del Partido Popular por supuesta corrupción. De su instrucción se han derivado un total de 27 piezas separadas, una de las cuales es el caso Nóos, por el que tras cuatro años de investigación el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma llevará a juicio a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública. El marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, deberá responder en este mismo caso por delitos como prevaricación, fraude, tráfico de influencias o blanqueo, entre otros, por su gestión del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro que presidió entre 2004 y 2006, y desde la que presuntamente se desviaron 5,8 millones de euros de fondos públicos, según recoge Reuters.
Otro de los jueces que dejará su cargo próximamente es Pablo Ruz. El Poder Judicial ha adjudicado al magistrado José de la Mata la plaza que ocupa Ruz en el juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional. De la Mata tomará posesión una vez que su nombramiento se publique en el Boletín Oficial del Estado, un trámite que podría demorarse varias semanas.
Estas fuentes estiman que De la Mata, que formó parte del equipo de trabajo del ex ministro de Juticia Francisco Caamaño, llegará a la Audiencia previsiblemente después de Semana Santa. El CGPJ ofreció a Ruz quedarse como refuerzo para terminar algunos de los casos cuya instrucción tiene muy avanzada (como el caso Bárcenas y la trama Gürtel). Por su parte, Ruz está pensando qué hacer, si bien algunas voces apuntan que el juez se muestra reacio a acogerse a esta opción.
La tercera magistrada que abandonará un caso abierto es Mercedes Alaya. De nuevo ha sido el CGPJ quien ha sacado a concurso la titularidad del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE de Andalucía y que hasta ahora ocupaba Alaya.
La previsión del CGPJ es que el concurso esté resuelto en tres meses, lo que significa que Alaya podría abandonar el juzgado antes del verano. Con la intención de retrasar su marcha, la juez ha pedido acogerse al artículo 319.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite al magistrado diferir su traslado para terminar algún asunto relevante.
La Comisión Permanente del Consejo aprobó la prórroga, eso sí, con condiciones: un límite de tiempo. El juzgado de los ERE tendrá nuevo titular dentro de tres meses y Alaya tendrá que irse a la Audiencia. Recordamos que la juez de los ERE pidió optar a una plaza de la Audiencia de Sevilla y ha conseguido el puesto, pero su intención era aplazar todo lo posible su traslado para terminar de instruir el caso que ha sacado a la luz una intensa trama de corrupción en las entrañas de la Junta de Andalucía.
