Por el momento no existe el consenso necesario para pegar el último empujón a la tasa a las transacciones financieras, uno de los impuestos europeos más esperados. Por un lado, Bélgica ha solicitado nuevas condiciones para avanzar en la misma, pidiendo que se excluyan a los fondos de pensiones y algunas compañías de seguros del impuesto. Y por otro, los ministros reconocieron que ante las inminentes elecciones en Francia y Alemania, países clave en las negociaciones, avanzar en este impuesto no tiene mucho sentido sin conocer el resultado de los comicios. También mostraron su preocupación a la influencia que pueda tener la salida de Reino Unido de la UE o las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un impuesto que grava las transacciones financieras. En el caso del Brexit, su salida definitiva está prevista para 2019, lo que retrasaría en gran medida el impuesto financiero. Desde noviembre los ministros no se reunían por este tema y lo hicieron para percatarse de que aún sigue habiendo escollos que no permiten un avance que concrete el impuesto. España, Alemania, Francia, Italia, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia y Bélgica trabajan en dar forma a esta tasa, después de que Estonia abandonara el grupo. Las excepciones que pide Bélgica tampoco encuentran una respuesta de consenso afirmativa entre el resto de grupos porque muchos piensan que sería negativo que la tasa a las transacciones financieras naciera ya con muchas excepciones. Será en el mes de marzo cuando vuelvan a deliberar sobre los detalles técnicos, aunque parece que los países se van desanimando. El proyecto podría salir adelante con el apoyo de nueve países. Por ahora son diez los Estados que ahora negocian, así que se espera que no haya más bajas. Si la participación de nueve no está garantizada el resto de países no tendría base para seguir avanzando y el proyecto quedaría para el olvido. Otra de las cuestiones que se ha visto recientemente aplazada es la aplicación de las medidas contra la evasión fiscal. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron retrasar a 2020 la aplicación de la reforma contra la evasión fiscal de las multinacionales, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea de atajar desde ya la ingeniería fiscal que muchos países aplican para atraer a grandes compañías. En el caso de Irlanda, Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Malta y Luxemburgo se ha conseguido aplazar la entrada en vigor y alargar hasta 2022 la aplicación de la norma. Pese a los retrasos, en Bruselas las instituciones se felicitaban por haber podido plasmar en un acuerdo una fecha concreta para su puesta en marcha. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lo consideraba un éxito que ayudará a alcanzar una fiscalidad más justa en el conjunto de la UE.