El Gobierno anunció en marzo de 2012 la puesta en marcha el Código de Buenas Prácticas hipotecarias, cuando las ejecuciones hipotecarias se convirtieron en un auténtico drama social y los telediarios abrían los informativos con desahucios. Fue la respuesta del Ejecutivo a la presión social para modificar la Ley Hipotecaria que protege de sobremanera a […]
Dirigentes Digital
| 29 jul 2014
El Gobierno anunció en marzo de 2012 la puesta en marcha el Código de Buenas Prácticas hipotecarias, cuando las ejecuciones hipotecarias se convirtieron en un auténtico drama social y los telediarios abrían los informativos con desahucios. Fue la respuesta del Ejecutivo a la presión social para modificar la Ley Hipotecaria que protege de sobremanera a la banca frente a los consumidores.
De forma voluntaria lo asumieron 45 entidades financieras, casi la totalidad del sistema. Pero la crítica más fuerte que hacía parte de la opinión pública era que se trataba de normas que no eran de obligado cumplimiento, sino solo un documento lleno de buenas intenciones. Pasado dos años, un total de 23.983 solicitudes han solicitado una solución viable a su deuda hipotecaria. Los datos de solicitudes vuelven a reflejar un progresivo aumento. En el primer año de aplicación, por ejemplo, se recibieron 4.385 solicitudes mientras que solo en el mes de mayo de 2014 estas han ascendido a 2.027.
Desde que entró en vigor el código, solo ocho familias lograron pactar la entrega de su vivienda. A finales de 2013 eran 397 las daciones en pago. En cuanto a las reestructuraciones de deuda, han pasado de 44 a finales de 2012 a1.227 en 2013 y a 6.498 ahora.
De forma paralela, recuerda el Ministerio, se estableció Fondo Social de Viviendas (FSV) al que 33 entidades financieras han aportado 6.000 viviendas con el fin de proporcionar un techo a familias en situación de especial vulnerabilidad. Los beneficiarios pagan un alquiler reducido. Desde su puesta en funcionamiento, a comienzo del año pasado, hasta mediados de este mes de julio se han recibido 1.789 solicitudes de viviendas, se han adjudicado 927 y se han firmado 695 contratos.
La mayor acogida de las prácticas del código se debe a que el Gobierno amplió las actuaciones de protección, al comprobar que pocas familias cumplían con los requisitos para beneficiarse de ellas. Por ejemplo, se permitió a las familias con ingresos hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), cuando antes debían carecer de rentas. La unidad familiar debe sufrir una alteración significativa de las circunstancias económicas durante los últimos cuatro años y su cuota hipotecaria ha de superar el 50% de los ingresos netos, entre otras modificaciones.
