La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho ex consellers de la Generalitat de Cataluña que este jueves han declarado ante el tribunal bajo la acusación de presunta rebelión, sedición y malversación, por la que podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de cárcel. Se trata del […]
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| 02 nov 2017
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho ex consellers de la Generalitat de Cataluña que este jueves han declarado ante el tribunal bajo la acusación de presunta rebelión, sedición y malversación, por la que podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de cárcel. Se trata del ex vicepresidente y antiguo conseller de Economía Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Raül Romeva (Relaciones Exteriores), Meritxell Borràs (Cultura) y Dolors Bassa (Trabajo), que van a ser trasladados de inmediato a prisión. La Fiscalía había pedido prisión incondicional para todos los miembros del Govern, excepto para el ex conseller de Empresa Santi Vila, para quien solicita prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Se ha tenido en cuenta que Vila dimitió antes de que el Parlament votara la declaración de independencia y que ha sido el único imputado que ha respondido a las preguntas de todas las partes. Mientras, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consellers, Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación), Lluís Puig (Cultura) y Clara Ponsatí (Educación), no han acatado la citación judicial y han permanecido en Bélgica. Mientras, el Tribunal Supremo ha pospuesto hasta el próximo día 9 las declaraciones judiciales de la ex presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, y de los que fueran miembro de la Mesa hasta la convocatoria de elecciones anticipadas para el 21 de diciembre, Lluís Maria Corominas, Joan Josep Nuet, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. El Supremo ha accedido a la petición de los abogados de los querellados para aplazar sus declaraciones, facilitando que las defensas dispongan de más tiempo para preparar la comparecencia. Sin embargo, el juez instructor, Pablo Llarena, ha dictaminado que hasta entonces se someta a los seis investigados a vigilancia policial para eludir una posible fuga.
