Tras años de crisis y de lecciones bien aprendidas, los clientes de banca privada son cada vez más exigentes. Ya no se trata solo de gestionar inversiones, sino de acompañar al cliente también en la gestión de la fiscalidad o su ciclo de vida. Los datos de riqueza familiar evidencian la necesidad urgente de un asesoramiento […]
Dirigentes Digital
| 15 ago 2017
Tras años de crisis y de lecciones bien aprendidas, los clientes de banca privada son cada vez más exigentes. Ya no se trata solo de gestionar inversiones, sino de acompañar al cliente también en la gestión de la fiscalidad o su ciclo de vida. Los datos de riqueza familiar evidencian la necesidad urgente de un asesoramiento especializado. Según datos del Banco de España, la pérdida de riqueza inmobiliaria de las familias españolas ha supuesto un 170% de PIB en los últimos años de crisis, en los que disminuyó desde el 584% del PIB en 2007 hasta el 414% en septiembre de 2016, por la drástica caída del precio de los activos inmobiliarios. En cambio, la riqueza financiera neta (valor de los activos financieros en poder de los hogares menos las deudas contraídas) ha recuperado en su totalidad los efectos de la crisis, pasando de un 99% del PIB en 2006 al 104% del PIB en 2013, y previsiblemente el 111% de PIB en 2016 (1,24 billones de euros). Ante este entorno, y con unos tipos de interés que han cerrado la puerta a las rentabilidades del pasado, el negocio del asesoramiento, también a través de la Banca Privada, debe jugar un papel clave en la evolución del ahorro financiero en España. Según un estudio de DBK, las entidades de Banca Privada atesoraban unos 412.000 millones de euros en 2015, un 5,4% que el año anterior. En España, conviven diversos modelos que este año lucharán por sobrevivir ante el aumento de costes y competidores. Desde las entidades de las redes de los grandes bancos, pasando por firmas pertenecientes a grupos con ficha propia, hasta entidades especializadas o boutiques independientes y Eafis. Para estas últimas, los expertos anticipan la búsqueda de alianzas y una mayor especialización para afrontar los retos que plantea el cobro directo al cliente con la nueva regulación. Todas ellas deben adaptarse a un año marcado por los cambios. Y sin duda, esa regulación es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector con la llegada de, entre otras, la Directiva MiFID II, que las entidades deben trasponer antes del 3 de julio de este año, aunque su entrada en vigor está prevista para enero de 2018. “¿Que si es un plazo realista? Posiblemente no”, advierte Elisa Ricón, directora general de Inverco, reconociendo que existe preocupación por llegar a tiempo “ante un contenido muy intenso del que aún se desconoce cómo se harán todas las adaptaciones”. (Sigue leyendo el artículo aquí: La metamorfosis de la banca privada)
