La financiación del sistema de pensiones continúa siendo un quebradero de cabeza para la clase política, mientras que el gasto y el número de receptores continúa creciendo exponencialmente. Febrero volvió a batir récords en términos de gasto, con un volumen total de 8.661 millones de euros, un 3,03% más que en el mismo periodo del […]
Dirigentes Digital
| 23 feb 2017
La financiación del sistema de pensiones continúa siendo un quebradero de cabeza para la clase política, mientras que el gasto y el número de receptores continúa creciendo exponencialmente. Febrero volvió a batir récords en términos de gasto, con un volumen total de 8.661 millones de euros, un 3,03% más que en el mismo periodo del año anterior. El nuevo incremento vino impulsado tanto por la subida en el número de receptores, que alcanzó los 9,46 millones, y por la revalorización de la pensión media, hasta los 915,53 euros. El ritmo interanual de subidas en la prestación promedio fue del 1,95%, su mayor tasa desde 2013, mientras que el número de pensionistas avanzó al 1,06%, con un ligero descenso respecto al 1,19% de enero. El gasto en pensiones se ha disparado en casi 3.000 millones desde 2007, cuando registró un total de 5.658 millones para 8,33 millones de receptores. En línea con los ejercicios anteriores, la pensión media de jubilación es la que más se revalorizó, un 2,07%, hasta alcanzar los 1.057 euros al mes. El número de jubilados concentra ya más del 50% de las prestaciones, ya que crecieron por encima de la media (1,62%), hasta los 5,786 millones. El gasto en esta partida supone ya un 70,6% del total, lo que sitúa la edad media de los receptores entre los 70 y los 73 años. La reforma del actual sistema es uno de los objetivos planteados por el Ejecutivo para esta legislatura. Actualmente existe una comisión específica en el Congreso (Pacto de Toledo) dedicada al análisis de fuentes alternativas de financiación ante el creciente número de prestaciones. En su último informe “La salud financiera del sistema público de pensiones”, Fedea reflexiona sobre las posibles vías de ingresos de cara a los retos económicos, demográficos y migratorios que este problema representa. Como soluciones propone blindar la pensión mínima (indexarla al IPC para que no pierda poder adquisitivo), lo que supondría una subida del 6% en el IRPF, o desvincular de las cotizaciones las pagas por orfandad, viudedad e incapacidad. En sentido contrario, rechaza la opción de revocar las reformas hasta ahora implementadas (desligar la revalorización de las pensiones de la inflación) porque supondrían un incremento en el IRPF de hasta el 70%.