La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una investigación a la ex alcaldesa de Valencia y senadora entonces del PP, Rita Barberá, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa. "Según […]
Dirigentes Digital
| 23 sep 2016
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió una investigación a la ex alcaldesa de Valencia y senadora entonces del PP, Rita Barberá, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.
"Según la exposición razonada, en el curso de una investigación sobre determinadas irregularidades en la contratación pública en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversación telefónica, cuya escucha se hizo con autorización judicial, según la cual se habría realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio del que se habrían recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros", recoge el Tribunal Supremo en la causa contra Barberá.
Además, la ex alcaldesa ya había estado en el punto de mira por otro escándalo: sus desorbitadas facturas. Barberá y su equipo solían alojarse en suites de más de 600 euros la noche en sus viajes y gastarse más 5.000 euros en el alquiler de un coche en Londres, y todo con cargo al erario público. Además, estos dispendios tuvieron lugar en los años más duros de la crisis.
La apertura de la investigación a Barberá es un duro varapalo para Rajoy. Pese a que Barberá ha abandonado el partido, se niega a renunciar a su acta de senadora al defender su inocencia, por lo que su nombre sigue copando los medios de comunicación y, por tanto, evocando al partido de Rajoy.
Pero no solo se trata del caso Imelsa. El ex diputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna y el ex embajador Gustavo de Arístegui están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por utilizar una red de tráfico de influencias para captar clientes que les pagaban a precio de oro sus informes de consultoría a cambio, según las sospechas judiciales, de utilizar sus influencias para obtener o agilizar contratos. A su vez, ellos contrataban a otras sociedades para que les ayudaran en esos informes.
Parece que las tramas de corrupción del PP no se van a acabar nunca, y en vísperas de unas nuevas elecciones, el ambiente de investigaciones e imputaciones que envuelve al partido podría acarrear graves consecuencias.
