Por primera vez en doce trimestres, las empresas españolas han aumentado la cantidad de días que tardan en pagar. Durante el último trimestre de 2017 el Retraso Medio de Pagos alcanzó los 12,52 días, que es un una cifra superior a los 11,15 días que tardaban las empresas en pagar durante el tercer trimestre. A […]
Dirigentes Digital
| 30 ene 2018
Por primera vez en doce trimestres, las empresas españolas han aumentado la cantidad de días que tardan en pagar. Durante el último trimestre de 2017 el Retraso Medio de Pagos alcanzó los 12,52 días, que es un una cifra superior a los 11,15 días que tardaban las empresas en pagar durante el tercer trimestre. A pesar de este leve repunte, las empresas españolas aún mantienen cifras inferiores a la media europea, que se sitúa en 13,06 días, un mínimo histórico. Según un informe de la consultora Informa D&B, que analiza los pagos en nueve países, España se sitúa entre los cuatro mejores, junto con Países Bajos, Alemania y Bélgica. Es de destacar que las empresas españolas han conseguido reducir sensiblemente el retraso en sus pagos desde los 22,25 días del cuarto trimestre de 2012, aunque en comparación con la media de finales de 2016, la cifra actual es algo peor, 12,35 días en el cuarto trimestre de 2016. 
Con respecto al resto de países del estudio, las empresas holandesas se sitúan como las mejores pagadoras, ya que la media de retraso de pago está en 4,6 días. Tras Países Bajos se encuentran Alemania, que alcanza los 6,54 días, y posteriormente Bélgica, que aventaja ligeramente a España con un promedio de pago de 12,3 días. A la cola de esta clasificación se sitúa Portugal, que dobla la media europea. En total, las empresas portuguesas se retrasan 25,83 días en pagar, una cifra que contrasta con los 4,6 días que tardan las empresas holandesas. En una situación similar aunque no tan extrema se encuentran las empresas italianas, que pagan con 17,98 días de retraso. En este sentido, es importante recalcar que la normativa española ha tratado de adaptar las leyes europeas a la realidad del país. Establece un periodo de pago de 30 días para las administraciones, mientras que las empresas disponen de un plazo de 60 días. En el caso de la legislación europea se establece justo al contrario. Las empresas cuentan con un límite de 30 días para pagar mientras que las administraciones públicas pueden prolongar este plazo hasta los 60 días en casos justificados.
