Tanto el mundo financiero como el empresarial se muestran expectantes ante el escenario político. Ya no sólo interesan los programas electorales de los dos grandes partidos, también interesan, y más si cabe aún, los de aquellos que pueden tener la llave de gobierno. En este marco, parece que mientras la fuerza de Podemos se desinfla, […]
Dirigentes Digital
| 01 nov 2015
Tanto el mundo financiero como el empresarial se muestran expectantes ante el escenario político. Ya no sólo interesan los programas electorales de los dos grandes partidos, también interesan, y más si cabe aún, los de aquellos que pueden tener la llave de gobierno. En este marco, parece que mientras la fuerza de Podemos se desinfla, la de Ciudadanos podría ser determinante, tras las elecciones del 20 de diciembre.
En este marco, los expertos aseguran que lo único que beneficiará a las empresas es la estabilidad, y por supuesto, las que más expuestas están al ciclo económico, como bancos, aseguradoras, automóviles u hoteles serán las que más sufran cualquier paso en falso.
Desde Carax Alpha-Value lanzan un mensaje de tranquilidad. Pablo García no cree que la formación de un gobierno de coalición con los de Albert Rivera fuera a introducir cambios radicales; en cambio, asegura que si sorprendiera un avance de Podemos, las compañías de servicios públicos como FCC sí podrían verse perjudicadas. José Luis Martínez Campuzano. Estratega Jefe de Citigroup en España, tampoco ve riesgo ante una coalición, pero subraya que el sector financiero sería el que más podría verse afectados por la inestabilidad.
Menos optimista se muestra Ignacio Cantos, de ATL Capital. Asegura que la Bolsa se verá muy castigada ante un posible cambio de rumbo político, si se penalizan, tal y como promete la socialdemocracia, las rentas del ahorro. Si se sube el impuesto de plusvalías, insiste, la actividad será menor.
En este contexto, ¿Quiénes serían los más beneficiados o perjudicados del cambio de escenario político? Parece obvio que el mayor riesgo gira en torno a los sectores regulados, que es donde el ejecutivo puede "meter mano" de manera directa. José Lizán, de Auriga, no cree que vaya a haber cambios significativos en las autopistas o AENA, porque no hay primas excesivas. Pone la atención, eso sí, en el sector eléctrico y en concreto, ante lo que se pueda decidir sobre el déficit de tarifa. El PP optó por corregir este lastre cargando parte de ese déficit al consumidor y otra parte al sector renovable, pero si el nuevo gobierno quisiera bajar el recibo de la luz del consumo doméstico, dice Lizán, siempre podrían cargarlo a la cuenta de resultados de las eléctricas. Causa-efecto, Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Endesa lo sufrirían de lleno en sus balances. Con el mismo argumento, se podría cargar a las redes de transporte como Enagás o Red Eléctrica.
Es evidente que no todas las propuestas figuran desarrolladas en los programas, pero hay algunas que preocupan más que otras, como las que apuntan al cambio de modelo energético. En cuanto a la energía nuclear, por ejemplo, el Partido Socialista y Podemos barajan un desmantelamiento del parque. De llevarse a cabo, Endesa sería la compañía que más se vería afectada.
No extraña, por tanto, que las empresas entren en campaña. Sin ir más lejos, el director corporativo de Iberdrola, Fernando Becker, ha pedido recientemente responsabilidad y prudencia a la hora de lanzar ofertas electorales en sectores estratégicos.
¿Y cuál es el escenario que se baraja para la Banca? Todo apunta a que, ante la caída de la rentabilidad doméstica, se promoverá una nueva oleada de fusiones. Algo, que, según Lizán, el regulador verá con buenos ojos, ya que dará lugar a entidades más competitivas. Entre los nombres que suenan a ser absorbidos está Liberbank, que podría interesarle a Caixabank; y cómo no, entre las operaciones pendientes, destaca Bankia. El próximo gobierno de España tendrá de plazo hasta 2017 para salir de la entidad.
A la espera de lo que pase, no hay que olvidar a la prima de riesgo. Parece haber un claro consenso de que derogar leyes o reformas estructurales, presionaría los diferenciales, y encarecería los costes de financiación de España y sus empresas. Precisamente por esto, Javier Barrio, de BPI, asegura que el mercado recibiría con mayor agrado un gobierno de coalición PP-Ciudadanos, porque no sólo serviría de garante de las reformas aprobadas, sino porque podría decidir la eliminación de figuras complejas o cargos con demasiada tradición.
