Las pensiones se mantendrán en mínimos al menos hasta 2022

Las pensiones llevan revalorizándose al 0,25% anual desde 2014, tras la aprobación de la Ley 23/2013 que desindexaba dicho componente de la inflación. El objetivo de esta reforma fue garantizar la sostenibilidad del sistema ante el desfase de los gastos sobre los ingresos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en base a la Ley General de Seguridad Social (RDL 8/2015), tiene la obligación de emitir su opinión sobre el cálculo que hace el Ministerio de Empleo (MEYSS) del índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Según el organismo, el mínimo establecido por ley del 0,25% y recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 es lo que corresponde aplicar teniendo en cuenta el déficit de la Seguridad Social. Además, observa que este límite será aplicable como mínimo hasta 2022. La citada ley de 2013 establece un tope mínimo del 0,25% y un máximo de la inflación más 0,5% según los saldos de la Seguridad Social. La aplicación continuada del límite a la baja responde a que el cálculo del IRP teórico (sin corrección) sería un -3% según el Ministerio de Empleo y un -3,5% según la AIReF, teniendo en cuenta los déficits acumulados durante los sucesivos años de crisis. El IRP teórico se calcula como la variación de los ingresos menos la variación en el número de pensiones, al que se resta posteriormente el efecto sustitución (pensión media en función del número de cotizantes por pensionista) y se suma finalmente el saldo vivo de la Seguridad Social ajustado con un parámetro de corrección. La Seguridad Social cerró 2016 con un déficit equivalente al 1,6% del PIB. Este desfase responde fundamentalmente al incremento del gasto durante los últimos cinco años (3,5% según el MEYSS) frente a la estabilidad en el nivel de cotizaciones (0,2%). Durante este periodo, el número de pensiones creció un 1,3% y la tasa de sustitución experimentó una variación del 1,6%. En consecuencia, la ratio de gasto en pensiones sobre el PIB aumentó 3,3% puntos del PIB entre 2012 y 2016, representando en la actualidad casi el 90% del gasto en Seguridad Social. La AIReF achaca este deterioro al efecto demográfico (el envejecimiento de la población ha presionado al alza la tasa de dependencia), a factores institucionales (la ausencia de reformas sobre el sistema ha elevado de manera continua el gasto) y al mercado de trabajo (el deterioro de la tasa de empleo ha tenido un impacto al alza en el peso del gasto en pensiones del PIB). El incremento del gasto proyectado por el departamento de Empleo para el periodo 2017-2022 será del 2,7%, similar a las previsiones de la AIReF (2,9%). Por el lado de los ingresos, el MEYSS espera un alza del 4% y la autoridad independiente del 3,7%. Sin embargo, la AIReF advierte de que las estimaciones de ingresos del departamento dirigido por Fátima Báñez son “muy improbables” para 2017-2020 e “improbables” para 2021-2022, por lo que no se alcanzará el objetivo de déficit del 1,1% al final del periodo (la AIReF estima que se estabilice en el 1,4%). Tan sólo para este ejercicio, el ministerio prevé un incremento de los ingresos del 6,8%, mientras que la autoridad proyecta un 4,3%. En la misma línea, el MEYSS espera cerrar el año con un saldo negativo del 1,4%, mientras que la AIReF prevé un 1,7%.  Sin embargo, el organismo independiente señala que la evolución del gasto en pensiones (actualmente entre el 10,7% del PIB) será positiva durante los próximos cinco años gracias a los factores paramétricos (reformas de 2011 y 2013) y a la mejora del mercado laboral, mientras que el factor demográfico seguirá lastrando el cálculo. Para 2022, la AIReF espera que este desembolso disminuya hasta el 10,4% del PIB.