Las causas abiertas por blanqueo de capitales se han triplicado en la última década. El número de sentencias pasó de las 26 dictadas en 2008 a las 79 recogidas en la última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma línea, el número de enjuiciados creció de los 78 a los 298, […]
Dirigentes Digital
| 09 feb 2017
Las causas abiertas por blanqueo de capitales se han triplicado en la última década. El número de sentencias pasó de las 26 dictadas en 2008 a las 79 recogidas en la última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma línea, el número de enjuiciados creció de los 78 a los 298, además en 2015 aparece por primera vez la figura de la persona jurídica relacionada con este delito. El pico se produjo a partir de 2012, año de la amnistía fiscal y del modelo 720 sobre bienes en el extranjero, cuando la cifra se incrementó un 168% en tan sólo doce meses. El aumento de los casos también se ha dado en el terreno de la investigación, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones Monetarias (Sepblac) incrementó el número de asuntos abiertos entre 2007 y 2015 en un 152%, pasando de los apenas 2.800 a los más de 7.000 del último año recogido en las memorias. El organismo público inicia sus operaciones a partir de las comunicaciones por indicios de sujetos obligados u otras autoridades nacionales o extranjeras. Según los datos más recientes, los bancos y las entidades de pago son los más activos a la hora de aportar información entorno a este delito, acumulando el 52,4% de los asuntos iniciados. Esta subida viene explicada por diferentes motivos, el incremento de la actividad terrorista y la lucha contra sus fuentes de financiación es el principal, ya que en el desmantelamiento de estas redes suelen aflorar operaciones ocultas y sujetos pasivos relacionados con otras actividades delictivas (narcotráfico). “Como consecuencia de los ataques, los estados están mucho más dispuestos a compartir información sobre contribuyentes, operaciones no declaradas o cuentas en el extranjero”, explica Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Asesores Fiscales de España (REAF). La colaboración de los sujetos obligados y de las autoridades nacionales también ha sido fundamental en la detección del lavado de dinero. “Existe una mayor concienciación por parte de abogados, notarios, asesores fiscales y entidades financieras para la prevención de estos delitos. Los canales de comunicación con el Sepblac funcionan mucho mejor con los años”, señala Joaquín Altafaja, experto externo en prevención de blanqueo de capitales. Por otro lado, tanto el Sepblac como la Agencia Tributaria (AEAT) tienen herramientas cada vez más sofisticadas y mayor capacidad técnica para hacer frente a estos delitos. En concreto, la AEAT anunció recientemente el desarrollo de un nuevo mecanismo informático para cruzar todos los datos de las grandes fortunas que ha recibido y los que va a obtener en los próximos meses gracias a los acuerdos internacionales de intercambio de información. Estas acciones incluyen la investigación de los datos aportados por los declarantes que se acogieron al modelo 750 (amnistía fiscal) y al 720 sobre bienes en el extranjero. El Ministerio de Hacienda ya señaló que los delitos que pudieran surgir a raíz de estas comprobaciones no prescriben. Aunque no existe una relación inmediata entre la amnistía y el incremento de las causas por blanqueo, si se puede observar una creciente colaboración entre la AEAT y el Sepblac desde 2012, al considerarse el fraude fiscal y el blanqueo de capitales delitos muy conexos por su naturaleza. “La amnistía sólo exoneraba del delito fiscal, no del de blanqueo. No tiene porque haber una conexión directa, aunque normalmente el que defrauda establece mecanismos para ocultarlo y no ser descubierto”, señala José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Hacienda ya detectó alrededor de 600 casos de lavado de dinero derivados de la amnistía, pero ahora falta extender los resultados a las 30.000 personas que se acogieron y cuyas declaraciones están siendo revisadas. Las actuaciones de la AEAT en torno a delitos de blanqueo están más enfocadas a la detección del contrabando y el narcotráfico, bajo la dirección de las unidades de Vigilancia Aduanera . Sin embargo, cuando existen indicios suficientes sobre una actividad de este tipo, la Agencia suele trasladas la investigación al Sepblac. Las actuaciones derivadas de un organismo a otro se incrementaron en un 113%, pasando de las 91 comunicaciones en 2012 a las 194 de 2015. El número de sentencias a partir de 2014, teniendo en cuenta que la duración media de estos procesos es de dos años, ha seguido creciendo desde las 65 a las 79 de 2015, al igual que el número de enjuiciados, que se ha mantenido en un máximo de 299 durante los dos años. El delito de blanqueo está tipificado en los artículos 301-304 del Código Penal. La norma hace referencia “al que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”. La pena básica es de prisión de entre seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Se considerarán graves los casos en los que el reo pertenezca a una organización criminal o dedicada en exclusiva a esta actividad. Para los empresarios, intermediarios del sector financiero, facultativos o funcionarios públicos que laven dinero en el ejercicio de su actividad también se podrá imponer la inhabilitación especial en su empleo o cargo.