Los desafíos del nuevo Gobierno

Aún cuando no estaba formado el Gobierno, Bruselas ya se apresuraba a recordar a España que queda pendiente un ajuste de 5.500 millones de euros para 2017, tras haber perdonado una sanción histórica por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2015 y relajar las metas fiscales para los dos próximos ejercicios. El Gobierno de Rajoy cumplió a mediados de mes con el trámite de enviar los presupuestos prorrogados y actualizados por las variables económicas. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, remitieron una carta  en la que agradecían al Ejecutivo en funciones que haya enviado a tiempo el borrador presupuestario para 2016, pero recordaban que la previsión de cierre para 2017 es del 3,6%, muy por encima de la cifra pactada. En concreto, cinco décimas del PIB que se traducen en 5.500 millones que tendrán que ser asumidos con enmiendas vía recortes de gastos o subidas de impuesto. En el Procedimiento de Déficit Excesivo, la Comisión Europea suele colocar las mismas recomendaciones en los últimos años, a pesar de haber acometido fuertes ajustes. Por ejemplo, una vuelta de tuerca a la reforma laboral. La bandera reformista del PP no es suficiente para Bruselas, que exige nuevas medidas encaminadas a reducir el desempleo estructural y seguir impulsando la creación de empleo, ya que España se mantiene como el segundo país de la zona euro con una tasa de paro más elevada cercana al 20%. El pacto con Ciudadanos ya incluye una profunda revisión del mercado laboral. El acuerdo contempla una simplificación de los tipos de contratos con la incorporación del denominado “de protección creciente” por el temporal. Este contrato tendrá una indemnización por finalización de 12 días el primer año, 16 días el segundo y 20 el tercero. Además, se propone la introducción del modelo de la “mochila austriaca” para reducir el gasto en prestaciones por desempleado. El trabajador dispondrá de un fondo con aportaciones de la empresa para disponer de el en caso de despido. Así mismo, se plantea una revolución en los aspectos legales del desarrollo de actividad profesional de los autónomos. Bruselas también recuerda en cada informe de recomendaciones que a España le queda pendiente la reforma de la Administración Pública. Apunta siempre en la misma dirección para aligerar las duplicidades y mejorar los sistemas de supervisión de contratación pública. Otro problema urgente es la reforma de las pensiones. Con la hucha de las pensiones a punto de agotarse y cada vez con un déficit mayor en las cuentas de la Seguridad Social, requiere impulsar medidas para garantizar la viabilidad del sistema. El PP se plantea convocar el Pacto de Toledo, algo que comparte con Ciudadanos e incluso con el PSOE, que lo estableció como unos de los objetivos prioritarios para esta legislatura para argumentar su opción a la abstención en la resolución aprobada por el último Comité Federal. La reforma de financiación autonómica y territorial es uno de los grandes temas que corren más prisa. El desafío secesionista en Cataluña necesita respuesta y las Comunidades necesitan ampliar sus recursos una vez que tienen asumidas la financiación de los servicios básicos como Sanidad o Educación, en plena crisis económica. En esta línea, la Comisión Europea presiona para que el Gobierno apruebe una ley de Mercado Único, para que las empresas no tengan problemas para desarrollar su actividad en distintos territorios.